El congresista Otto Guibovich (AP) consideró necesario fortalecer el trabajo de la Contraloría General de la República a fin de que se pueda sancionar a los que resulten involucrados por el mal uso de los recursos frente a la pandemia del covid-19.

Fue luego de escuchar al Contralor General de la República, Nelson Shack quien detalló el control concurrente en las regiones Áncash y San Martín, en el marco de la emergencia sanitaria nacional por el coronavirus, en la sesión virtual de la Comisión covid-19, que presidente el congresista Leonardo Inga.

“No queremos que las denuncias y las pruebas se vayan diluyendo, queremos acciones rápidas, si hay que tomar medidas pongámoslo en la ley también, sería una forma de potenciar la labor de la Contraloría y hacerla más eficiente. Hagamos que se cierre el círculo, hay que combatir la corrupción”, detalló.

Llamó la atención al gobernador regional de Áncash, toda vez, que de los 15 ventiladores transferidos a Chimbote solo seis están funcionando por falta de recursos humanos, y monitores.

“Eso es gestión y previsión, si voy a recibir ventiladores que previsiones tomo para que esto funcione de inmediato, no cuando contrate personal o cuando consiga monitores”, señaló.

Guibovich también lamentó que el distrito de Macate, en la provincia El Santa no existan pruebas rápidas. “Si se confirma un caso en esa zona no podríamos monitorearlo, tendríamos que esperar que la población se encadene para recién hacer la prueba rápida. El papel aguanta todo, pero hay una realidad dramática”, señaló el congresista, luego de escuchar la exposición de Juan Carlos Murillo, gobernador de la región Ancash.

Por su parte, el parlamentario Felipe Castillo (PP) demandó al Gobierno Regional de Áncash la implementación del laboratorio regional para procesar pruebas moleculares.

“Es importante desarrollar una planta con oxígeno medicinal para los establecimientos de salud. Si bien es cierto tenemos un sistema de salud precario, porque por más de cuatro décadas ha estado en abandono el sector, es importante en estos momentos dar oxígeno a los pacientes que se encuentran en UCI”, detalló.

El congresista Felipe Castillo cuestionó la compra de 20 camionetas y que las mismas se hayan implementado para ambulancias.

Por su parte, el Contralor General de la República detalló que bajo la modalidad de visita de control y control concurrente se ha encontrado en el Hospital de Apoyo Víctor Ramos Guardia deficiencias en el expediente técnico y demora en el equipamiento para la atención de casos covid-19.

Agregó que, en el área de infraestructura, el expediente técnico no ha considerado ambientes requeridos por las normas técnicas de salud, ambientes de espera diferenciados, entre otros aspectos.

El Contralor advirtió irregularidades en la construcción del hospital. “Se ha visto que la infraestructura no es la adecuada para UCI, se ha tenido conocimiento que el gobierno regional de Áncash ha adquirido 20 camionetas, las mismas que han sido habilitadas como ambulancias y a un precio de cerca de medio millón de soles según un estudio preliminar, teniendo en cuenta que no estaban adecuadas para tal fin”, señaló.

Nelson Shack detalló además que el Hospital Eleazar Guzmán Barrón es la segunda infraestructura que se ha evaluado en el que se ha identificado que ésta no se ajusta a las normas técnicas de salud.

Mencionó que el expediente técnico no cuenta con áreas de triaje diferenciado, consulta externa, urgencias, ni UCI. La sala de hospitalización no cuenta con servicios higiénicos. En cuanto a equipamiento, dijo, que también hay un retraso, debido a los incumplimientos en los plazos de entrega, entre ellos, nebulizadores, rayos X.

Shack agregó que el control posterior a todas estas faltas, implica un deslinde de responsabilidades de los funcionarios públicos involucrados en estas irregularidades a nivel individual, nombre por nombre y la postulación de la sanción a nivel administrativo, civil y penal que corresponda.

No obstante, solicitó la necesidad de que la Contraloría recupere su potestad sancionadora que una sentencia del Tribunal Constitucional dejo sin efecto desde abril del año pasado. “Los informes van a empezar a salir en dos o tres meses producto de nuestras investigaciones y se publicarán, pero no podemos sancionar a nadie”, puntualizó.

En la sesión virtual de la Comisión covid–19, también participó el Gobernador Regional de San Martín, Juan Carlos Morillo, quien detalló las medidas adoptadas en esa región frente a la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Lima, 7 de julio d 2020

PRENSA-CONGRESO