El Consejo Directivo aprobó la Agenda Legislativa para el período anual de sesiones 2021-2022, con la finalidad de consolidar la democracia y Estado de derecho, y conseguir la equidad y justicia social, además de asegurar la competitividad del país y garantizar un Estado eficiente, transparente y descentralizado.

Este listado de 71 prioridades temáticas y legislativas es el resultado del esfuerzo concertado entre los grupos parlamentarios y la presidencia del Consejo de Ministros, tal y conforme lo estipula el artículo 29 del Reglamento del Congreso.

El paso siguiente es que esta propuesta sea debatida y aprobada en el Pleno del Congreso, a efectos que sea atendido con prioridad en los debates y votaciones tanto en las comisiones como en las sesiones plenarias.

Para alcanzar el objetivo de consolidar la democracia y Estado de derecho se han definido priorizar veinte temas legislativos: defensa del principio constitucional de balance y equilibrio de poderes, fortalecimiento de la seguridad jurídica y la institucionalidad.

También, figuran reformas constitucionales, reforma del reglamento del Congreso, elección de altos funcionarios del Estado, así como la modificación de la ley de organizaciones políticas y de las leyes electorales.

Asimismo, la regulación de los requisitos para ser ministro de Estado, la transparencia en la gestión pública y la modificación del régimen tributario están comprendidas en el objetivo de afirmar la democracia y el Estado de derecho.

Para el cumplimiento de la política estatal de erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo, la Agenda Legislativa fija el propósito de aprobar leyes que fortalezcan la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, así como la dación de normas contra los delincuentes extranjeros. También, fija medidas de apoyo a las tareas de la Policía Nacional del Perú, de los bomberos voluntarios, así como el fortalecimiento del proceso de descentralización y el financiamiento de los gobiernos regionales y locales.

Para conseguir la equidad y justicia social, la Agenda Legislativa estipula temas como el seguimiento al programa Hambre Cero, la dación de leyes para atender los problemas de las personas con discapacidad y para mejorar la educación, así como la reforma magisterial. Igualmente, figura la modificación de la ley universitaria (bachillerato automático, licenciamiento e ingreso libre a las universidades).

Para alcanzar el acceso universal a los servicios de salud, el Congreso se compromete a atender la reforma y modernización del sistema de salud, para superar los efectos de la pandemia de la COVID-19 y resolver los requerimientos de los profesionales de salud.

En el ámbito laboral, la Agenda Legislativa fija como meta la modernización de la normatividad laboral (contratos de trabajo, relaciones colectivas y teletrabajo), así como la incorporación de los jóvenes al mercado laboral formal sin dejar de lado la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, la defensa de la mujer y de la familia.

En cuanto al objetivo de alcanzar la competitividad del país, la agenda plantea varias prioridades como la mejora de los organismos reguladores, el apoyo a las asociaciones de defensa de los consumidores, la promoción de la libre competencia y de las mypes y microempresas, así como la formalización de la actividad empresarial.

La promoción del turismo, de las inversiones mineras, de la ciencia y tecnología y la protección del ambiente, también están consideradas en los asuntos que merecerán atención en los debates parlamentarios al igual que la protección del ambiente y la garantía al acceso a internet. La modernización del agro y la garantía en favor de la inversión en vivienda, saneamiento e infraestructura también están consideradas en la lista de prioridades.

Finalmente, para asegurar un Estado eficiente, transparente y descentralizado, la agenda señala once temas importantes, como las leyes para la lucha contra la corrupción con drásticas sanciones y con la participación del ciudadano de a pie, la modernización del sistema de justicia y del aparato administrativo estatal, así como el fortalecimiento de las libertades de expresión e información.

Asimismo, se prestará atención a la demarcación y ordenamiento territorial, medidas certeras para la eficaz gestión del agua y de riesgo de desastres y de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico.

Por tanto, la Agenda Legislativa es un instrumento de planificación del trabajo parlamentario en materia legislativa y no impide que se debatan otros temas ni tampoco interfiere en el derecho del Poder Ejecutivo de enviar proyectos de ley con carácter de urgencia, los que tienen preferencia en el Congreso.

OFICINA DE COMUNICACIONES