El Congreso de la República aprobó con amplia mayoría en vías de insistencia el proyecto de ley por el cual se busca modificar la Ley de Partidos Políticos 28094, desestimando de esta forma las observaciones hechas a la autógrafa de ley por el Presidente de la República.

El dictamen en insistencia, aprobado inicialmente por mayoría en la Comisión de Constitución y Reglamento, fue sustentado por el presidente de este grupo legislativo, Fredy Otárola Peñaranda (NG) se refiere al financiamiento público directo, fines y objetivos de los mismos, que percibirían los partidos después de las elecciones generales del 10 de abril.

La insistencia fue sancionada con 83 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, es decir, número superior a la votación calificada que se exigía para el caso, por tratarse de una norma orientada a modificar una ley orgánica. El Reglamento del Congreso exigía el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas (66 votos), y no requería segunda votación.

El dictamen se refiere también a temas como la obligación de incluir en el acta de fundación de las organizaciones políticas su compromiso democrático; la declaración de ilegalidad de las organizaciones políticas por conducta antidemocrática, modificaciones al mecanismo de elección interna, e incremento del porcentaje  en la lista de adherentes para la inscripción, entre otros temas.

El texto aprobado inicialmente en la sesión del Pleno del 5 de noviembre, precisa los fines y objetivos de las organizaciones políticas, y añade a los ya establecidos en la ley vigente, los de realizar actividades educativas, de formación y capacitación, con el objeto de formar una cultura cívica y democrática, que permita formar ciudadanos preparados para asumir funciones públicas.

En otras de sus disposiciones, el dictamen sugiere también la cancelación de las organizaciones que no hubiesen alcanzado al menos seis representantes al Congreso, en más de una circunscripción electoral, es decir, haber alcanzado un 5 % del número legal de integrantes de este Poder del Estado, o haber alcanzado al menos un 5 % de los votos válidos a nivel nacional.

Lo mismo ocurriría con las organizaciones que no participen en dos elecciones generales o regionales sucesivas, vulneren el estado constitucional o apoyen la acción de organizaciones que practican el terrorismo y/o el narcotráfico.

En el caso de una alianza electoral, ese porcentaje de votos válidos se elevaría en un 1 %, por cada partido o movimiento que se adicionen, según corresponda.

Respecto a la modalidad de elección de los candidatos al Congreso, al Parlamento, a consejeros regionales y regidores, el proyecto propone que esté conformada al menos en sus tres cuartas partes por ciudadanos elegidos en elecciones internas, y una cuarta parte sería designada por el órgano del partido que disponga su estatuto.

Además de lo anotado, el documento plantea que los partidos entreguen su padrón de afiliados hasta un  año antes de la elección en que participaría, y prohíbe la inscripción como candidatos a los inscritos en un partido político inscrito, a menos que hubiesen renunciado a este un año antes de la fecha de cierre de las inscripciones. (Esta disposición no regiría para las elecciones generales del 2016, y se aplicaría en las elecciones del 2021.)

Financiamiento público

Así mismo, el texto señala que el financiamiento público directo sea otorgado solo a los partidos políticos y alianzas electorales que obtengan representación en el congreso, para cuyo efecto propone que el Estado destine, en el Presupuesto General de la República del 2017, el equivalente al 0.1 % de la UIT por cada voto válido para elegir representantes al Congreso, y deberá ser utilizado en un 50 % para desarrollar actividades de formación, capacitación e investigación durante el quinquenio posterior a la elección, y el restante 50% para cubrir los gastos de funcionamiento ordinario.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encargaría de elaborar la propuesta de distribución a los partidos y alianzas, sobre la base de los resultados de las elecciones generales del 2016, y presentarla al MEF con la debida antelación.

Si los partidos políticos concurren en alianza, el monto total que les corresponda percibir sería distribuido en forma proporcional al número de curules obtenidas. El mismo procedimiento se aplicaría en el caso de disolución de la alianza.

El proyecto precisa, además, las sanciones a aplicar a las organizaciones que infrinjan las disposiciones relacionadas con el financiamiento calificándolas de leves, graves o muy graves. Entre estas últimas, se consideran tales el no presentar los informes financieros o rendición de cuentas de los ingresos transcurridos 90 días calendarios después del último día hábil de enero del año siguiente haber recibido el financiamiento; o presentar información falsa, entre otras.

Durante el debate los congresistas Yonhy Lescano (AP-FA), Omar Chehade (NoA), Martha Chávez (FP), José León Rivera (PP) y Jaime Delgado (DyD), se pronunciaron a favor de la insistencia y anunciaron su voto en ese sentido, pero tuvieron frases críticas contra las observaciones emanadas, “cuándo no”, del Ministerio de Economía y Finanzas.

En opinión de Manuel Dammert la norma estaba orientada a perfeccionar a las actuales agrupaciones políticas, impediría el surgimiento de nuevos partidos o corrientes con respaldo ciudadano. “Es un cierre de entrada a la constitución de nuevas agrupaciones políticas, al exigir 4 % de firmas del total de ciudadanos. No obstante sus observaciones, anunció que se pronunciaría a favor de la norma.

Saneamiento vehicular

Previamente, el Pleno aprobó el proyecto de la Ley de saneamiento legal de vehículos automotores inmatriculados a través de resoluciones judiciales, que había dejado pendiente de votación en la sesión de la semana pasada.

El dictamen, sustentado en su oportunidad y ratificado en la fecha por el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones, Eulogio Romero Rodríguez (DyD),  sugiere autorizar el saneamiento aduanero y tributario, por única vez, de vehículos automotores inmatriculados a través de resoluciones judiciales de la Superintendencias Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), en el plazo de 180 días, contados a partir de la vigencia del reglamento de la norma.

El dictamen fue sancionado 53 votos a favor, 14 en contra y 7 abstenciones, primera votación; y exonerado de la segunda instancia con 53 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones. (JVS)

 PRENSA – CONGRESO

Puede encontrar más información en nuestra página web y redes sociales.

http://www.congreso.gob.pe/
Facebook: https://www.facebook.com/congresodelarepublicadelperu?fref=ts
Twitter: https://twitter.com/congresoperu
Youtube: http://www.youtube.com/congresoperu

http://www.congreso.gob.pe/heraldo/radiocongreso/index.html