Por amplia mayoría (67 votos a favor y 7 en contra), el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el dictamen que modifica la Ley 32190, Ley que crea el Registro Único Consolidado de Personas Afectadas por Derrames o Fugas de Hidrocarburos, con el fin de precisar su ámbito de aplicación, fortalecer su marco regulatorio y garantizar una respuesta efectiva y transparente frente a emergencias ambientales.

La propuesta incorpora los artículos 3 y 4 a la referida norma, estableciendo que el Registro Único Consolidado abarcará a todas las personas naturales o jurídicas afectadas por derrames o fugas derivados de actividades de empresas del sector hidrocarburos con autorización vigente.

Asimismo, de manera excepcional, se permitirá la inscripción de afectados por derrames ocurridos en la costa peruana y declarados en emergencia ambiental desde el 1 de enero de 2022 hasta la entrada en vigor de la presente ley.

La supervisión del cumplimiento estará a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), garantizando vigilancia especializada, transparencia y legitimidad del proceso.
La disposición complementaria final encarga al Poder Ejecutivo adecuar el reglamento de la Ley 32190 en un plazo máximo de 30 días, para definir el procedimiento aplicable, las condiciones de inscripción y el protocolo de compensación, asegurando un proceso claro, eficiente y verificable para los afectados.

DEBATE

El congresista Raúl Cutipa Ccama (Bancada JP-VP-BM), presidente de la Comisión de Energía y Minas, destacó que la norma “otorga seguridad jurídica y reconocimiento oficial a los afectados, condición indispensable para la reparación económica y social”.

Añadió que la medida reduce riesgos de conflictividad social, fortalece la institucionalidad ambiental y permitirá respuestas más rápidas y coordinadas ante futuros eventos.

El autor de la propuesta, congresista Segundo Quiroz Barboza (Bancada APP), señaló que la modificación “subsana vacíos regulatorios y garantiza la vigencia efectiva de los derechos fundamentales.

En el debate, el congresista Alejandro Cavero Alva (bancada Avanza País) expresó su disconformidad con la medida al considerar que envía “un mal mensaje al país”, y denunció una “doble moral” al no incluirse los derrames de Petroperú. Recordó episodios de gran impacto ambiental registrados entre 2023 y 2025.

Por su parte, el legislador Edgar Tello Montes (Bancada PP) respaldó la propuesta al afirmar que la principal problemática es la falta de regulación eficaz, y destacó que su texto sustitutorio incorporado refuerza los mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias.

El parlamentario Carlos Alva Rojas (bancada AP) resaltó que la norma es crucial para proteger a la población costera. Advirtió sobre los “microderrames” que ocurren a diario durante el desembarque de petróleo, cuyo daño acumulado podría superar al de un gran derrame.

El congresista Guido Bellido Ugarte (bancada PP) destacó el impacto letal de los derrames en el ecosistema y en la economía local, especialmente en las familias de pescadores, respaldando firmemente la modificación legal.

Asimismo, el congresista Jorge Marticorena Mendoza (bancada APP) alertó que muchos derrames provienen de sabotajes a los oleoductos, por lo que instó a que el Estado, a través del Ministerio de Defensa, garantice el resguardo de toda la infraestructura y que los responsables de estos actos compensen los daños.

Finalmente, el congresista Edwin Martínez Talavera (bancada AP) enfatizó que es deber del Parlamento legislar cuando el Estado no logra proteger adecuadamente a los ciudadanos. Denunció que empresas como Repsol continúan afectando gravemente a pescadores, comerciantes y a toda la cadena económica dependiente del mar, y exigió reparaciones integrales para las personas y para la flora y fauna marina.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL