El Congreso de la República despidió por falta grave a un trabajador involucrado en la denuncia de recorte de sueldos en el despacho de la congresista María Cordero Jon Tay (no agrupada), informó el jefe de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento, Miguel Seminario Reyna.

Detalló, que tras la denuncia periodística respecto del recorte de sueldos en el despacho de la legisladora Cordero Jon Tay, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios del Congreso de la República, inició un proceso disciplinario contra el hoy exservidor del Parlamento, Braden Alexander Paredes Calla y su esposa Faviola Maribel Torres García.

Ambos fueron notificados para que rindan sus descargos correspondientes y, tras la investigación del caso, la Comisión determinó la responsabilidad de Paredes Calle disponiendo su cese, el cual se ejecutó el pasado 25 de mayo.

Además, la Comisión dispuso “la inscripción de la sanción en el Registro nacional de sanciones contra servidores civiles con la consecuente inhabilitación automática para el ejercicio de la función pública y para prestar servicios por cinco años, no pudiendo reingresar a prestar servicios al Estado o empresas del Estado, bajo cualquier forma o modalidad”.

En el caso de Torres Gracia, quien habría participado en la recepción de un sobre conteniendo dinero, el cual debía entregar a su esposo, Braden Paredes Calla, a fin de llevárselo a la congresista Cordero Jon Tay, se emitirá otro informe final con las recomendaciones correspondientes, según comunicó Seminario Reyna.

CASO EDGAR TELLO

El funcionario también abordó el caso de la trabajadora Marie Emely Silva Uriarte, quien denunció presuntos actos de hostilidad (rebaja del nivel remunerativo), pese a su estado de gestación, en los que involucra a los congresistas Marleny Portero López y Edgar Tello Montes, e incluso al Departamento de Recursos Humanos, por supuestamente haber consentido su cese como asesora en la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y contratarla como auxiliar.

Al respecto, Recurso Humanos respondió a la Dirección General de Administración que no le corresponde aceptar o denegar los requerimientos de cese de personal de la organización parlamentaria, y que ello le compete al congresista que la designó.

También se dio cuenta que Silva Uriarte, fue requerida para suscribir su nuevo contrato, pero hasta la fecha no lo ha hecho.

OFICINA DE COMUNICACIONES