Congresistas de diversas bancadas se mostraron a favor de endurecer las penas para los agresores de mujeres víctimas de feminicidio, a fin de hacer justicia ante presuntos actos de impunidad percibida por los ciudadanos.

El planteamiento lo dieron a conocer el lunes 10 durante la sesión de la Comisión de Mujer y Familia, que preside la congresista Carolina Lizárraga Hougthon (PM), luego de escuchar a Sandy Evangelista Lao, Carmen Mendoza Polanco y Rita Aybar Servilón, familiares víctimas de feminicidio.

La congresista Arlette Contreras (NoA) señaló que el Proyecto de Ley N.° 7044, de su autoría, incluye sancionar con cadena perpetua los casos de feminicidio en flagrancia y en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar en flagrancia a fin de garantizar el acceso a la justicia con una debida simplificación procesal y efectiva.

“En muchos casos he podido identificar que el sistema de justicia juega a favor de los feminicidas. Hacen uso de la defensa legal para esquivar los fines de justicia sometiéndose a muchos beneficios como la confesión sincera, la confesión anticipada”, indicó.

La parlamentaria Matilde Fernández Flores (SP) indicó que los casos de feminicidio dejan secuelas graves para las familias, por lo que exhortó se pueda revisar el Código Penal, porque existen evidencias claras impunidad.
Explicó que, en el 2018, se registraron 250 casos de feminicidio. En primer lugar, se evidencian que son mujeres entre 18 y 29 años; en segundo lugar, entre 30 a 39 años, en tercer lugar, de 40 a 49 años; y, por último, menores de 18 años.

Aseveró que en el 2019 ocurrieron 164 feminicidios, y el 2020 se cerró el año con 132. No obstante, en este mismo año se registra un total de 5500 mujeres desaparecidas.

“Insisto que debe revisarse el Código Penal. No podemos ser indiferentes e indolentes. Es un tema social que requiere mayor interés”, sostuvo.

En tanto, la parlamentaria Yessica Apaza Quispe (UPP) indicó que muchas de las familias siguen llorando y pidiendo justicia en la puerta de la Fiscalía de la Nación, porque hasta ahora las penas no se cumplen a cabalidad.

Precisó que la propuesta de dar mayores penas a los agresores y asesinos no va a parar la violencia, pero sí implica que los mismos tendrán que pensarlo por un segundo antes de cometer un delito.

“Este es un tema importante. No nos devuelve a los seres queridos, no nos devuelve a las hijas, pero si podemos devolver la tranquilidad a las familias que hoy piden justicia. Podemos poner freno para que estos asesinos piensen y mediten por un minuto antes de cometer cualquier delito que causa mucho daño al país, que deja a niños, niñas huérfanos y madres protestando, porque no encuentran justicia”, indicó.

CADENA PERPETUA

Respecto al proyecto de ley que propone la aplicación de la cadena perpetua para el delito de feminicidio, Erika Anchate Ramos, representante de la Defensoría del Pueblo, indicó que es deber del Estado la protección de la mujer, garantizando su derecho a una vida libre de violencia. Ello en virtud de la ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En ese sentido, indicó que se debe incluir dentro de la legislación normas cuya naturaleza respondan a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Reveló que el Tribunal Constitucional (TC), por su parte, también ha señalado que una de las proposiciones que forman parte del contenido inderogable del derecho a una vida de libre de violencia es que las mujeres no sean objeto de acción o conducta que les cause muerte, sufrimiento físico, sexual o sicológico. Es así que en el caso específico de los feminicidios, se considera viable recurrir a las modificaciones que proponen el dictamen del proyecto de ley sobre aumento de pena y restricción de beneficios penitenciarios con la finalidad de que se fortalezca la confianza en el sistema penal, se refuerce así la respuesta punitiva por parte del Estado y se evite esa imagen de impunidad ante la comisión de estos delitos.

Aseveró que en el delito de feminicidio lo que se protege son diversos bienes jurídicos desde su tipificación en el 2011.

“La redacción inicial ha sufrido múltiples modificaciones, por ello, resulta importante relevar que el feminicidio es un delito pluriofensivo, es decir, que no solo tiene como objeto proteger la vida de la mujer, sino al mismo tiempo la igualdad al que tienen derecho las mujeres”, indicó.

En ese sentido, mencionó que, en aras de sancionar de forma efectiva los actos que vulneren el derecho a la vida e igualdad de las mujeres, se justifica el aumento de las penas para la figura penal de feminicidio y feminicidio agravado. Ello responde a una necesidad que los jueces y juezas dispongan de un rango más amplio de tiempo para sancionar este tipo de hechos atendiendo a la gravedad de cada de uno de los casos, no obstante, ello no implicaría un forma de incidir en la prevención de este delito ni una variación de la discriminación estructural que afecta a
las mujeres ello en cuanto al incremento de las penas en tema de feminicidio y feminicidio agravado.

Agregó que es viable el incremento de las penas para los delitos de feminicidio tanto de 20 a 35 años y la cadena perpetua para los delitos de feminicidio agravado solamente como una causal como se está planteando en el proyecto.
La Comisión de Mujer y Familia también escuchó la ponencia del general PNP, Aldo Ulises Muñóz Ygal, director de Seguridad de la Policía Nacional del Perú, quien expuso sobre la actuación de esa institución frente al abordaje de las denuncias por violencia contra las mujeres, en específico el feminicidio y la violencia sexual.

DICTAMEN APROBADO

Finalmente, el grupo de trabajo aprobó, por mayoría, el dictamen que prohíbe el ingreso de menores de edad a discotecas, bares, cantinas, nights clubs, video pubs, bingos, telepódromos, salas de billar y locales con espectáculos para mayores de edad o dedicados exclusivamente al expendio de bebidas alcohólicas o de apuestas.

OFICINA DE COMUNICACIONES