Las bancadas de Frente Amplio, Fuerza Popular y de Acción Popular reclamaron esta noche -durante el debate presupuestal- que la futura ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2017 tiene una distribución centralista de los recursos fiscales.

Los legisladores Bienvenido Ramírez (FP), Miguel Román (AP) y Marisa Glave (Frente Amplio) coincidieron en advertir que del total de los recursos públicos que se van a gastar a partir del próximo primero de enero, solamente el 10% estará en manos de los gobiernos locales, mientras que el 75% de los dineros estatales seguirá concentrado en el Poder Ejecutivo.

Ramírez planteó que se implemente un fondo de contingencia para garantizar las transferencias de recursos fiscales a los municipios, mientras que su colega acciopopulista Román planteó que el Ejecutivo proponga una iniciativa de ley para – en un plazo de 90 días- se haga un reajuste de las remuneraciones de los servidores públicos. 

Glave, de Frente Amplio, calificó el proyecto presupuestal del 2017 como «conservador», porque repite el histórico problema de la desatención a las demandas sociales y la violaciòn de los derechos laborales, según dijo.

NO ATENDERÍAN DEMANDAS

Carlo Tubino, de Fuerza Popular, criticó que la propuesta presupuestal para el próximo año no contribuya a atender las demandas de los pueblos amazónicos, porque apenas se le destina el 7.22% de los recursos fiscales; mientras que su colega de bancada, Rosa María Bartra, exhortó al Poder Ejecutivo a que priorice la ejecución de obras públicas en los distritos más pobres, como son Curgos y Chugay, ubicados en la provincia de Sánchez Carrión, así como en Huamachuco, capital de la referida provincia, donde no se cuenta con agua y desagüe.

«Es imperativo que se cumpla con la promesa electoral para que ningún docente público reciba ingresos menores a los dos mil soles al mes. Son 351 mil profesores que trabajan en los centros de educación públicos del país. De ellos, más de 136 mil docentes (40%) se encuentran en la primera escala magisterial con salarios que bordean los mil 555 soles al mes. Resulta importante el uso racional y responsable de los dineros públicos», alertó la primera vicepresidenta del Parlamento.

Karina Beteta (FP), por su parte, pidió que el Ejecutivo apruebe un bono en favor de los trabajadores administrativos del Poder Judicial y del Ministerio Público, en tanto que su colega Víctor Albrecht (FP) reclamó que el Gobierno atienda a los tres mil trabajadores artesanales del Callao. Octavio Salazar (FP) habló de la urgencia de profesionalizar la justicia y de derrotar al crimen con mayores recursos. 

Janet Sánchez (PPK) planteó que el Hospital de Rehabilitación del Callao sea una unidad ejecutora para que goce de independencia administrativa, mientras que Gloria Montenegro (APP) reclamó que el Ejecutivo no desatienda los programas sociales a favor de la niñez.

En el amplio debate, los parlamentarios de las diferentes bancadas expusieron las necesidades de sus respectivas regiones, la mayoría de ellas dirigidas al titular del Ministerio de Economía.

La parlamentaria Indira Huilca (FA), en su intervención, propuso que se incluya en el presupuesto un fondo para la erradicación de la lucha contra la violencia familiar. Por su parte, Jorge Meléndez Celis (PPK), dijo que los gobiernos regionales reclaman sus presupuestos para llevar adelante las principales obras, como la construcción de carreteras.

El legislador César Villanueva Arévalo (APP), sostuvo que el esquema del país era centralista y propuso que se necesita una descentralización fiscal. “Yo suelo ser positivo a pesar de que las cifras dicen lo contrario en términos de descentralización. No debemos mendigar los presupuestos, los gobiernos regionales tiene capacidad de gastos y saben manejar sus presupuestos”, expresó.

Por su parte, el parlamentario de Fuerza Popular, Wuilian Monterola Abregú, invocó al Estado para que el presupuesto sea equitativo con todas la regiones.

PRENSA CONGRESO

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