Los congresistas integrantes de la Comisión de Energía y Minas exhortaron al Estado a promover la práctica de una minería responsable sin perjudicar a la población, sobre todo a las comunidades campesinas que vienen siendo afectadas a lo largo de los años.

Fue el lunes 10 durante la sesión de ese grupo de trabajo, que preside el congresista Jorge Flores Ancachi (AP) a la que acudió el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo Farfán, para sustentar el Proyecto de Ley N.° 315/2022, iniciativa del Poder Ejecutivo, que propone la Ley que prorroga la devolución del IGV para la exploración minera e hidrocarburos.

La congresista Diana Gonzáles Delgado (Avanza País) dijo que la etapa de exploración es altamente riesgosa, que es la empresa principalmente junior la que pone millones de dólares para ver si encuentran recursos y poner nuevas cargas a la inversión privada sin el mayor sustento.

“Personalmente, dada la coyuntura y el decaimiento de la exploración en nuestro país es importante que los referidos incentivos sean prorrogados”, dijo.

El congresista Héctor Ventura Ángel (FP) dijo que desde el momento que las empresas mineras realizan un trabajo de exploración, éstos deben verse obligados a hacerlo con responsabilidad social dentro de las comunidades campesinas.

“Muchas veces existen empresas mineras que no son responsables. Desde ya exhorto al MEF y al ministro de Energía y Minas para que las empresas mineras sean las responsables del medio ambiente, del tema social”, expresó.

En la misma línea, el congresista José Jerí Oré (SP) consideró que todo beneficio debe estar acompañado de condiciones y exigencias con respecto al trato o la relación en las comunidades campesinas.

“Es importante que las empresas creen un incentivo para que pongan la primera piedra y ver que otro tipo de reactivación debe darse sobre todo que esté acompañado de condiciones y exigencias. Los proyectos mineros tienen que ser abordados y perfeccionados”, manifestó.

El parlamentario Segundo Quiroz Barboza (BMCN) se mostró a favor de apoyar la iniciativa legislativa a la brevedad posible. Indicó que, según la SUNAT, el costo fiscal anual por la prórroga de los beneficios de devolución para las actividades de exploración minera y de hidrocarburos a la que se refiere la ley ascendería a 49 millones en el año 2023.

En ese contexto, precisó que existe un beneficio tributario como la devolución del IGV en fase de exploración relacionado con extracción de recursos naturales y esta se justifica porque contribuye a la política de promoción de actividades de alto riesgo como son las actividades de minería e hidrocarburos que dan dinamismo a la actividad económica.

“La propuesta permitirá un alto apalancamiento para el futuro del país al incentivar la inversión en dichas actividades y con ello la creación de nuevos empleos. Además de ello, generaría ingresos importantes para los gobiernos locales y el gobierno central para cubrir las necesidades que tanto la población requiere”, subrayó.

El titular del grupo de trabajo instó a que se atienda las demandas que están pendientes en las zonas de conflicto, además que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) cumpla con su papel porque hay demandas en cuanto a contaminación que no son atendidas.

En razón a ello, el titular del MEF dijo que este Gobierno respeta estrictamente el ordenamiento legal, la base jurídica no solo de la actividad minera sino también la estabilidad de la misma.
Dijo que una actividad económica cualquiera tiene efectos directos o indirectos sobre los equilibrios medios ambientales pero se trata de monitorear estos efectos, siempre teniendo en cuenta los recursos naturales de la población.

Seguidamente, también se presentó Jaime César Chávez Riva Gálvez, viceministro de Energía y Minas.

La propuesta legislativa es una medida que permitirá continuar fomentando estas actividades a fin de aumentar las reservas de minerales. En base a ello, y con miras a promover mayores inversiones mineras y de hidrocarburos en el país, se considera necesario prorrogar el beneficio de devolución definitiva del IGV e IPM establecido en las Leyes N.° 27623 y N.° 27624, para fomentar la continuidad de actividades que podrían incrementar la cantidad de proyectos ejecutados en nuestro país, teniendo efectos potenciales sobre la fuerza laboral y dinamismo económico de las regiones donde se realice la actividad.

OFICINA DE COMUNICACIONES