Políticas públicas y medidas concretas en defensa de la mujer demandaron, el jueves 7 de marzo, hombres y mujeres congresistas de distintas bancadas para enfrentar la violencia y el feminicidio, así como realizar acciones de prevención contra delitos que tienen víctimas en este sector de la población; el aumento de las Casas Refugio y mejorar la atención a las denuncias.

Estas exigencias se dieron luego de escuchar el informe del Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, sobre el cumplimiento de la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres; y de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Mendieta.

Al iniciar las intervenciones, la congresista Alejandra Aramayo (FP) pidió un minuto de silencio en la memoria del excongresista Rafael Valencia Dongo, de Arequipa, fallecido el 3 de este mes.

La legisladora sostuvo que un aspecto importante que afecta a la mujer es la falta de oportunidad para educarse y que la deserción escolar en zonas rurales de Arequipa alcanza a seis de cada diez mujeres, las que se constituyen en nuevas pobres, informales e inmigrantes, para lo cual no hay una política pública.
Criticó el estado calamitoso de la infraestructura educativa debido a que el 73% de los colegios están afectados por los desbordes de los ríos en Arequipa, Tumbes y Piura. 

Tania Pariona (NP), presidenta de la Comisión Mujer y Familia, exigió una política de prevención contra la violencia a la mujer y que la Policía Nacional se capacite en la atención a la mujer violentada, ya que lejos de iniciarse un camino a la solución del problema, al recurrir a un efectivo, empieza un vía crucis, el mismo que puede terminar en el feminicidio.

Pidió, además, atención de denuncias en lenguas originarias, como, por ejemplo, en la Línea 100.
Los congresistas Justiniano Apaza (FA), Indira Huilca (NP), Marisa Glave (NP) y Marco Arana (FA) coincidieron en señalar que el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia en lugar de aumentar se ha reducido y demandaron políticas públicas claras, concretas y efectivas.

El legislador Julio Rosas (NA) cuestionó que el gobierno esté destinando recursos a la política y difusión de la ideología de género que afectan a la mujer.

Betty Ananculí (FP) dijo que todavía hay grandes brechas para alcanzar el desarrollo de las mujeres y, a manera de ejemplo, indicó que la proporción de mujeres laborando en el sector público solo alcanza el 35%. Igual ocurre, dijo, en el Congreso de la República que solo cuenta con un 30% de mujeres parlamentarias.
Como autora de la Ley 30815, que declara de interés nacional la incorporación de contenidos curriculares para prevenir la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar a través de la educación, pidió políticas públicas.

Edilberto Curro y Hernando Cevallos del Frente Amplio reclamaron mejoras salariales y sindicales para las mujeres y Karina Beteta (FP) consideró que los avances en materia de oportunidades han sido pocos. Pidió, además, a los dos invitados, que se comprometan a mejorar la equidad en el Gabinete Ministerial y en los viceministerios. (MED)