Durante el debate parlamentario del dictamen del Proyecto de Ley 8758, que propone la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, congresistas de diversas bancadas hicieron un llamado para priorizar obras de infraestructura, saneamiento básico y seguridad ciudadana. Asimismo, destacaron la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en todo el país.

El congresista José Elías Ávalos (APP) solicitó priorizar inversiones como el mejoramiento de la transitabilidad vial en diversas zonas del departamento de Ica. Su colega de bancada, Rosio Torres Salinas, demandó mayores recursos para promover el desarrollo de la Amazonía, además de una inyección económica para el mejoramiento de las carreteras, incluyendo los tramos Iquitos-Nauta y Pucallpa-Contamana.

La legisladora Tania Ramírez García (FP) pidió que se asigne mayores recursos para distritos y municipalidades provinciales donde las necesidades son más apremiantes, para contribuir a cerrar las brechas que afectan al país.

El congresista José Jerí Oré (SP) enfatizó la necesidad de mejoras remunerativas en el sector educación, destacando la importancia de asignar recursos económicos para el equipamiento y los laboratorios de las universidades del país.

Asimismo, solicitó el nombramiento del 100 % de los trabajadores CAS del Ministerio de Salud y planteó ajustes presupuestales para fortalecer instituciones como Sunarp, Sunafil y la Autoridad Nacional del Agua, incluyendo una nueva escala remunerativa para sus sindicatos. Además, pidió un reconocimiento económico para los integrantes de DIGEIN, DIRCOTE y los héroes de la democracia.

La parlamentaria Katy Ugarte Mamani (BMCN) hizo un llamado a priorizar las obras en las comunidades y gobiernos locales, señalando que estos enfrentan recortes en el Foncomún, lo que ha impedido la conclusión de varios proyectos hasta la fecha.

Por su parte, Kelly Portalatino Ávalos (PL) destacó la necesidad de cerrar las brechas sociales y enfatizó la importancia de implementar de manera gradual y progresiva el cambio ocupacional y de línea en el sector salud, una demanda que ha estado pendiente por muchos años, dijo.

El congresista Alfredo Pariona Sinche (BS) señaló que Huancavelica sigue siendo una región postergada y solicitó un presupuesto para la construcción del aeropuerto, así como el nombramiento del personal técnico asistencial del Ministerio de Salud que ha sido relegado.

El legislador José Cueto Aservi (HyD) solicitó mejores remuneraciones para las Fuerzas Armadas y destacó la necesidad de mejorar los servicios básicos en el comando de operaciones de la base de La Joya. Señaló que esta instalación lleva más de 40 años en condiciones inadecuadas, lo que afecta tanto a oficiales como a suboficiales, por lo que subrayó la urgencia de acondicionar esta sede para garantizar un entorno digno.

La legisladora Ruth Luque Ibarra (BDP) resaltó la importancia de mejorar los salarios en diversos sectores y señaló que, aunque estas demandas son legítimas, es fundamental considerar de dónde provendrán los recursos para financiarlas.

Asimismo, informó que se ha trabajado una propuesta para incluir en el presupuesto del próximo año fiscal una asignación específica de 50 millones de soles para la implementación del Plan Multisectorial ante Incendios Forestales, con el objetivo de enfrentar esta problemática de manera efectiva.

El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, expresó su preocupación por una de las modificaciones establecidas en las disposiciones complementarias del dictamen de la Ley de Presupuesto. Explicó que en ella se busca modificar varios aspectos de la Ley de Contrataciones, una legislación que fue aprobada por más de 100 votos en este Parlamento.

Cavero solicitó que, en este proyecto de ley, que tiene un propósito específico, no se introduzcan cambios a una ley que aún se encuentra en pleno proceso de reglamentación.

Señaló que no es el espacio adecuado para modificar leyes que no están relacionadas con el presupuesto y pidió a la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República retirar las modificaciones a la Ley de Contrataciones, ya que estas desincentivan la competencia y afectan la meritocracia en las contrataciones públicas.

Asimismo, manifestó su preocupación por las solicitudes de algunos colegas para modificar la Ley 31980 con el fin de destinar el 3 % del IGV recaudado para el centro histórico de Lima hacia el pago de deudas municipales.

Cavero recordó que “el objetivo original de esos fondos fue restaurar las iglesias, casonas, peatonalizar el centro y mejorar los parques, es decir, no para saldar deudas de una municipalidad que ya se encuentra sobreendeudada”. Como autor de la ley, expresó su firme oposición a esta modificación y pidió no desvirtuar el espíritu de la legislación aprobada por este Congreso.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL