Como parte de su labor en la Semana de Representación, el congresista José Núñez Salas (PM) sostuvo una reunión de trabajo con las autoridades de la provincia de Islay y del Gobierno Regional de Arequipa para abordar el problema de la contaminación de las aguas del río Tambo por la irresponsable actividad minera.

En la cita, informó el legislador arequipeño, se llegaron a importantes acuerdos como, por ejemplo, solicitar a la Presidencia del Consejo de Ministros declare en emergencia la cuenca del río Tambo, que el Ministerio de Energía y Minas coordine acciones de remediación de las aguas del río, y se sancione las faltas de la empresa minera Aruntani, a la vez que se impulsen estudios que determinen el daño a la población.

Además, se pide que representantes del Gobierno central se presenten en el valle de Tambo para escuchar a sus autoridades y desarrollar propuestas de solución, junto a la Contraloría General de la República para que intervenga en defensa de los derechos de los pobladores en Islay.

Otro punto, continuó, es la instalación de una mesa de diálogo para solucionar el problema de la contaminación del río y la Represa de Compensación del Valle de Tambo, además de activar la conformación y operación del Consejo de la Cuenca Interregional del río Tambo.

«Se trata de reclamos justos que la población en su conjunto ha expresado, y como representante de Arequipa nos hemos fijado la tarea de luchar, insistir, y si es necesario presionar para lograr la solución a una problemática planteada», expresó Núñez Salas.

LIMA

Por su parte, Carolina Lizárraga Houghton visitó el distrito de Pucusana para reunirse con los directivos de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú (DICAPI) para evaluar el estado de la bahía y los problemas latentes de contaminación.

La legisladora escuchó atentamente las principales necesidades que se tienen para realizar una mejor labor de fiscalización, las cuales, desde su despacho, las trasladará a las autoridades competentes.

«Es necesario que exista un marco legal con medidas de protección especial para las bahías y normas que regulen el criterio para áreas de los fondeaderos», indicó, al tiempo que les expresó su genuino compromiso.

OFICINA DE COMUNICACIONES