Sobre nuevo plazo para liquidación de empresas. La sesión matutina fue suspendida a las 13:03 horas y la presidenta Luz Salgado convocó a sesión de Junta de Portavoces en la sala Basadre. El Pleno será reanudada a partir de las 15:00 horas. 

La presidenta de la Comisión de Economía, Mercedes Aráoz , se comprometió a presentar en la sesión vespertina un texto sustitutorio en la que se recogerán propuestas multipartidarias

El Pleno del Congreso dedicó esta mañana tres horas para discutir las dos propuestas de ley -una del Poder Ejecutivo y otra de Fuerza Popular- a fin de modificar un numeral del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal y lograr así la finalidad de prorrogar el plazo para la disolución y liquidación de empresas privadas.

El planteamiento legal remitido por el Poder Ejecutivo propone que la liquidación de una empresa puede efectuarse en un plazo máximo de dos años y con una eventual prórroga por otros dos años por decisión debidamente fundamentada de la Junta de Acreedores.  La propuesta legislativa de Fuerza Popular señala que esa prórroga debe efectuarse por un plazo máximo de un año, el mismo que puede ampliarse en forma excepcional mediante decreto supremo autoritativo.

Al final de las deliberaciones multipartidarias correspondió a la presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Mercedes Aráoz (PPK), pedir a la presidencia del Parlamento un cuarto intermedio con la finalidad de elaborar un texto sustitutorio en el cual se recogerá las sugerencias planteadas durante las tres horas de intenso debate.

En la discusión Luis Galarreta, Héctor Becerril, Ursula Letona, entre otros de Fuerza Popular, defendieron la propuesta de su grupo al manifestar que el caso del complejo metalúrgico de La Oroya debe ser encarado con transparencia para resolver cinco años de paralización y atender el problema social de 3.500 trabajadores directos con sus respectivas familias y hasta seis mil trabajadores indirectos. Por lo tanto, dijeron, un año  más de plazo es suficiente para que el Poder Ejecutivo resuelva de manera definitiva los problemas pendientes en los temas laboral y ambiental.

«Es necesario que la ampliación del plazo sea autorizado mediante decreto supremo, que señale en forma expresa la obligatoriedad de cumplimiento con la legislación ambiental, así como también con las normas y pactos laborales, ya que al haber transcurrido un año sin que exista una solución alguna al grave problema social de La Oroya, es pertinente que el Poder Ejecutivo o el Gobierno Central plantee la solución definitiva a este tema», reza la propuesta legislativa.

Carlos Bruce, de Peruanos por el Kambio, alertó que, si se aprueba la propuesta de ley de Fuerza Popular, se estaría estatizando la disolución de empresas privadas porque es imposible que en un año se resuelva un proceso de liquidación empresarial y citó una estadística: de 4 mil empresas que están hoy en día en proceso de disolución, un 3% de ellas son disueltas en un año. El 97% de las empresas restantes requieren más tiempo para este mismo propósito. Eso quiere decir que a partir del segundo año, los acreedores deberán perseguir a los ministros del Estado para que dicten el decreto supremo correspondiente.

Juan Sheput, de PPK, contribuyó a esta alerta manifestando que si se aprueba la proposición legislativa de Fuerza Popular se tendrá que modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo porque los decretos supremos regulan asuntos generales.

Javier Velásquez Quesquén, de la Célula Parlamentaria Aprista, cuestionó que con la fórmula legal de Fuerza Popular se estaría politizando la aplicación de una ley concursal de corte estrictamente técnico-empresarial en tanto que Marisol Espinoza y César Villanueva, ambos de Alianza para el Progreso, dijeron que, más allá de una prórroga del plazo para el proceso de liquidación empresarial, debería acordarse una fórmula más integral que comprenda el respeto de los derechos laborales y las normas ambientales. 

Víctor García Belaunde, de Acción Popular, dijo que lo que está detrás de estas propuestas legales es ayudar «con nombre y apellidos propios: Doe Run» a una empresa privada que es dueña de lo que antes se conoció como Centromín Perú. Marco Arana, de Frente Amplio, planteó a sus colegas que la junta de acreedores de Doe Run -entre los cuales están la Superintendencia  de Administración Tributaria (Sunat) y el Ministerio de Energía y Minas- sean convocadas a las comisiones de Energía y Minas, de Trabajo, de Economía y de Ambiente para buscar una solución integral al problema que afronta esta empresa desde el 2010.

 PRENSA-CONGRESO

Puede encontrar más información en nuestra página web y redes sociales.

http://www.congreso.gob.pe/

Facebook: https://www.facebook.com/congresoperu

Twitter: https://twitter.com/congresoperu

Youtube: http://www.youtube.com/congresoperu

Soundcloud: https://soundcloud.com/radiocongreso