En el acta de la sesión del Consejo de Ministros, que terminó con el cierre del Congreso del 27 setiembre del 2019, no figuraba el adelanto de elecciones, por lo que todos los hechos ocurridos registrarían que el expresidente de la República de ese momento habría incurrido en una total fractura del orden constitucional.

Así lo manifestó el congresista delegado de la denuncia constitucional contra el exmandatario, Héctor Ventura Ángel (FP), durante la cuarta sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quien coincidió con otros exlegisladores de no quedar satisfechos con respuestas de Vizcarra Cornejo.

El parlamentario también preguntó varias veces de quién fue la idea de interponer la cuestión de confianza que culminó con el cierre del Congreso, pero no obtuvo respuesta específica.

El exmandatario, quien se presentó con su abogado, Alejandro Salas Zegarra, dijo en todo momento que la decisión fue adoptada por el Gabinete Ministerial en conjunto y no por una persona en específico.

Asimismo, dijo que mayores detalles tendrían que ser preguntados al responsable del Consejo de Ministros de ese momento y a los miembros del gabinete del pleno.

Aseguró que el cierre del Congreso se realizó tomando en cuenta los conceptos establecidos en la Constitución.

CRÍTICOS

En la sesión estuvo presente el excongresista Segundo Tapia Bernal, quien pidió incluir en el proceso a exfuncionarios y a tres miembros del Tribunal Constitucional que consideraron constitucional el cierre del Parlamento.

Tapia Bernal sostuvo que el verdadero motivo por el que Vizcarra Cornejo cerró el Congreso fue porque, el 11 de setiembre de ese año, iba a ser vacado por varias infracciones constitucionales que habría cometido con la realización de obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, al recibir supuestas coimas por parte de la constructora Obrainsa.

Dijo, además, que en la actualidad acaba de pasar a juicio oral por cohecho pasivo tras presuntamente recibir coimas de más de dos millones de soles. “Esa fue la verdadera razón del cierre del Congreso. La justicia tarda, pero llega. Es un golpista”, expresó.

Por su lado, la congresista Martha Moyano Delgado (FP) le preguntó sobre las actas para la toma de decisiones para la presentación de la denegatoria fáctica, y consideró que ese punto debe ser tomado en cuenta.

En tanto, el excongresista Carlos Tubino Arias Schreiber avaló lo dicho por Tapia Bernal y afirmó que los problemas que se ocasionaron con esas medidas tienen consecuencias hasta el día de hoy, por ejemplo, el desequilibrio político y social en el país.

Cabe destacar que las denuncias constitucionales 384, 400 y 466 (acumuladas) fueron interpuestas por los congresistas Alejandro Muñante Barrios (RP) y Patricia Rosa Chirinos Venegas (Avanza País), así como los excongresistas Segundo Leocadio Tapia Bernal, César Antonio Segura Izquierdo, Wilmer Aguilar Montenegro, Carlos Humberto Ticlla Rafael, Federico Pariona Galindo, Juan Carlos Gonzáles Ardiles.

Otros denunciantes son Juan Carlos Yuyes Meza, Betty Gladys Ananculi Gómez, María Cristina Melgarejo Paucar, Rosa María Bartra Barriga, Liliana Milagros Takayama Jiménez, Claude Mauricio Mulder Bedoya, entre otros.

La denuncia acusa a Martín Alberto Vizcarra Cornejo, en su calidad de expresidente de la República, y a Vicente Antonio Zeballos Salinas, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, de la presunta infracción del artículo 134 de la Constitución Política del Perú.

DENUNCIAN A PRESIDENTA

Antes, la titular de la subcomisión dio cuenta del ingreso de la denuncia constitucional 509, el cual fue formulada por el Fiscal de la Nación (i) Juan Carlos Villena Campana, contra la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra.

Asimismo, contra el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo Arana y los exministros César Augusto Cervantes Cárdenas, Jorge Luis Chávez Cresta, Luis Alberto Otárola Peñaranda, Víctor Eduardo Rojas Herrera y Vicente Romero Fernández, por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves.

También se dio cuenta del ingreso de la DC 518, de la ciudadana Gabriela Mata Vidarte en contra del magistrado del Tribunal Constitucional, Luis Gustavo Gutiérrez Ticse, por la presunta infracción al artículo 202 (inciso 2) de la Constitución.