La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara Velásquez, exhortó a la Comisión de Fiscalización y Contraloría a que analice objetivamente los alcances de su responsabilidad y se le excluya de las investigaciones en torno a las presuntas irregularidades en la  compra de pañales durante su gestión al frente de ese sector.

Así lo señaló durante su presentación el viernes 6, en la sesión de la Comisión de Fiscalización y Contraloría que sesionó, de manera extraordinaria, en la sala 1 del edificio Víctor Raúl haya de la Torre.

La también parlamentaria sustentó su defensa en la sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización que se realizó el viernes 6, basándose en el pronunciamiento de tres instituciones: la Contraloría General de la República, que inició las investigaciones sobre la materia, la Fiscalía de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas.

“No se ha hallado responsabilidad ni siquiera en el ámbito administrativo sobre la compra de los pañales; sin embargo, me presento para absolver las dudas porque  se me quiere imputar un delito penal y una acusación constitucional”, dijo la congresista.

Con respecto a la comisión del presunto delito de omisión de funciones que se señala en el proyecto de informe final de la comisión y que a la letra dice que “cualquier ministro debe supervisar los procesos de adquisiciones de bienes o de obras en todas sus etapas”, Ana Jara dijo que de esa manera “se está dañando la institucionalidad del cargo de ministro de Estado”

Agregó que “los ministros de Estado no participan en ninguna de las etapas de los procesos de adquisiciones “y no por el simple hecho de ostentar el cargo se nos va imputar responsabilidad penal”, puntualizó la exministra de la Mujer.

Fiscalía de la Nación

Un informe de la Fiscalía de la Nación de febrero de este año, firmado por su titular, Pablo Sánchez, en su calidad de titular ‘exclusivo’ de la acción penal, concluyó en que no existen indicios razonables suficientes que posibiliten llevar a cabo actos de investigación contra las exministras Ana Jara y Carmen Omonte (también incluida en la investigación) en sus actuaciones como titulares del Ministerio de la Mujer, por los hechos denunciados.

La fiscalía concluye, y resuelve, que “no ha lugar a abrir investigación preliminar” en contra de ellas, por lo que debe archivarse definitivamente lo actuado.

Ana Jara pidió que se tome en cuenta la resolución de la Fiscalía de la Nación  de “no hay lugar a abrir investigación”, y que se  pretende atribuirle  hechos falsos que no corresponden a la verdad “y eso no lo voy a permitir”, remarcó.

Dijo en  otro momento que la administración del presupuesto para la compra de los pañales se hizo de acuerdo a las leyes presupuestales y lamentó que la comisión del Congreso no haya considerado el informe que elaboró el Ministerio de Economía.

La congresista informó que no era verdad que se gastaron 50 millones en la compra de pañales y que solo se utilizaron seis millones para la adquisición de un lote ocho millones d pañales con fecha de vencimiento a tres años.

Durante el debate posterior a sus descargos, el congresista nacionalista Josué Gutiérrez afirmó que se ha pedido una revisión exhaustiva del informe para que no contenga visos políticos y que la responsabilidad penal de ninguna manera alcanza a las dos exministras.

Pidió que con cargo a redacción se someta a votación el informe y que se excluya de  responsabilidad a Ana Jara”

Por su parte, Santiago Gastañadui dijo que el informe contiene “errores garrafales” y que cuando no hay argumentos, no hay pruebas, eso se llama persecución política; y cuando vemos una situación injusta no nos vamos a quedar callados. “Las imputaciones, afirmó, son temerarias, falsas y sin pruebas”.

A su vez, el congresista Héctor Becerril señaló que cundo habla de persecución política puede haber debate y controversias, pero “que persecución política puede haber hacia un partido que prácticamente ya no existe”.

Tanto el congresista Justiniano Apaza como Tomás Zamudio se expresaron en contra del informe. El primero pidió que se  debe archivar de manera definitiva; y Zamudio propuso la exclusión inmediata de Ana Jara  de su responsabilidad en la investigación.

Antes de retirarse de la sesión, la ex ministra de la Mujer reiteró su pedido a la comisión de que se le excluya de las investigaciones en las que se le quiere imputar, además, un delito penal. “Voy a confiar en que se tenga presente los argumentos de mi defensa que hoy se han arguido. Acá no va haber borrón y cuenta nueva, la investigación debe seguir porque hay más de 20 funcionarios que están involucrados en la investigación”, afirmó finalmente.

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