La Comisión Permanente otorgó, por unanimidad (23 votos), un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la Denuncia Constitucional N.° 434 contra el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.

La acusación, presentada por los congresistas Manuel Merino de Lama, Luis Roel Alva y Leonardo Inga Sales (AP), es contra el exmandatario por estar involucrado en el caso denominado “vacunagate”. Se le imputa la presunta comisión de los delitos de concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible y falsificación de documentos, tipificados en los artículos 382, 384, 393, 399 y 427 del Código Penal, respectivamente.

Previamente, se dio cuenta de una carta del exjefe del Estado dirigida a la presidenta de la Comisión Permanente, Mirtha Vásquez Chuquilín, en la que renuncia a la prerrogativa del antejuicio político y pide, por lo tanto, que concluya de oficio el procedimiento parlamentario en curso.

Sin embargo, a solicitud del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez Ochoa, la Comisión Permanente rechazó, por unanimidad (24 votos), la solicitud del exmandatario, por lo que la referida denuncia constitucional continuará su procedimiento establecido en el Reglamento del Congreso.

“Se pretende que el Congreso abdique en su tarea de llevar adelante las acusaciones constitucionales (…) Corresponde con el procedimiento constitucional establecido e iniciado a través de las denuncias constitucionales concluyan de acuerdo con lo previsto en el procedimiento parlamentario establecido en el artículo 89 del Reglamento del Congreso”, apuntó Pérez Ochoa.

En otro momento, la Comisión Permanente también otorgó 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que realice la investigación y presente su informe final respecto a la Denuncia Constitucional 398, contra el exministro de Salud, Víctor Zamora Mesía.

La acusación fue formulada por el congresista Omar Chehade Moya (APP), por la presunta comisión de los delitos de propagación de enfermedad peligrosa o contagiosa, abuso de autoridad condicionando ilegalmente la entrega de bienes y servicios, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo y falsificación de documentos, tipificados en los artículos 289, 376-A, 377, 399 y 427 del Código Penal, respectivamente; así como por la presunta infracción del artículo 126 de la Constitución Política del Perú.

La decisión se tomó por 24 votos y una abstención.

De igual forma, por unanimidad (23 votos), se dio un plazo de 15 días hábiles para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realice la investigación y presente su informe final respecto a la Denuncia Constitucional 451, contra el expresidente Martín Vizcarra, por el caso de las contrataciones irregularidades de Richard Cisneros Carballido, conocido como “Richard Swing”.

La acusación formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, es por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, tipificados en los artículos 400, 387, 399 y 409 del Código Penal, respectivamente.

Igual plazo se le dio a la denuncia contra las exministras de Cultura, Patricia Jacquelyn Balbuena Palacios, Ulla Sarela Holmquist Pachas y Sonia Elizabeth Guillén Oneeglio, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso y negociación incompatible, tipificados en los artículos 387 y 399 del Código Penal.

Previamente, la Comisión Permanente rechazó otro pedido de Vizcarra Cornejo en el que renuncia al antejuicio político y pide, que se termine de oficio el procedimiento parlamentario respectivo.

REGRESA A LA SUBCOMISIÓN

Finalmente, la Comisión Permanente aprobó, por unanimidad (23 votos), la cuestión previa para que retorne a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para su evaluación, la Denuncia Constitucional 426, formulada por los congresistas Manuel Merino de Lama, Luis Roel Alva y Leonardo Inga Sales, contra el expresidente Martín Vizcarra.

En ella, se declara procedente en el extremo de la presunta infracción constitucional de los artículos 38, 39, 44 y 118 (inciso 1) de la Constitución Política del Perú; e improcedente en el extremo de la presunta infracción constitucional del artículo 45 de la Constitución Política del Perú.

OFICINA DE COMUNICACIONES