La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó otorgar un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, con el objetivo de que realice las investigaciones correspondientes y emita su informe final respecto de cinco denuncias constitucionales declaradas procedentes.

Una de ellas es la Denuncia Constitucional 586, interpuesta por la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, contra el expresidente de la república, Pedro Castillo Terrones.
Esta acusación se sustenta en la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tipificado en el artículo 399 del Código Penal.

La propuesta del citado plazo fue aprobada por 18 votos a favor y 8 en contra.

PROCEDENTES EN UN EXTREMO

Posteriormente, se otorgó el referido plazo para investigar cuatro denuncias constitucionales declaradas procedentes en un extremo. En el extremo de improcedente, pasaron al archivo.

Entre ellas, está la Denuncia Constitucional 556, presentada por el congresista Juan Burgos Oliveros (PP) contra el exministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo., por la presunta infracción a los artículos 38 y 126 de la Constitución Política del Perú, así como al presunto delito de negociación incompatible.

El plazo de 15 días hábiles se otorgó por 22 votos a favor y 2 abstenciones.

También la Denuncia Constitucional 472, promovida por varios congresistas, entre ellos, Patricia Chirinos Venegas y Edgar Tello Montes, contra Juan Carlos Villena Campana, exfiscal de la nación interino.

Se le imputa la presunta infracción de seis artículos de la Constitución y la supuesta comisión del delito de prevaricato, previsto en el artículo 418 del Código Penal. El acuerdo fue respaldado por 21 votos a favor y 3 en contra.

En otro momento, con 22 votos a favor y 4 en contra, se aprobó dar el plazo de 15 días para investigar a los fiscales supremos Delia Espinoza Valenzuela, Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera y Juan Carlos Villena Campana por presuntas infracciones constitucionales y el posible delito de resistencia o desobediencia a la autoridad, tipificado en el artículo 368 del Código Penal.

Se trata de la Denuncia Constitucional 607 interpuesta por los congresistas de Renovación Popular (RP), Alejandro Muñante Barrios, Miguel Ciccia Vásquez, Jorge Zeballos Aponte, Norma Yarrow Lumbreras, Diego Bazán Calderón, Cheryl Trigozo Reátegui, María Córdova Lobatón y Noelia Herrera Medina.

Finalmente, por 24 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, se dio el respectivo plazo para investigar la Denuncia Constitucional 574, planteada contra el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, a quien se le acusa de presuntas infracciones al artículo 158 y al numeral 1 del artículo 159 de la Constitución, así como de la presunta comisión de los delitos de obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, de acuerdo con lo establecido en diversos artículos del Código Penal.

La denuncia fue interpuesta por los congresistas de RP, Alejandro Muñante Barrios, Miguel Ciccia Vásquez, Noelia Herrera Medina, Cheryl Trigozo Reátegui, Norma Yarrow Lumbreras, Jorge Zeballos Aponte y Diego Bazán Calderón.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL