Con 21 votos a favor y dos en contra, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final de la Denuncia Constitucional 355, que concluye acusar a la excongresista y exministra Betssy Chávez Chino por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo (artículo 399 del Código Penal) y tráfico de influencias agravado (artículo 400 del Código Penal).

La denuncia fue presentada por la exfiscal de la nación, Liz Patricia Benavides Vargas.

Previamente a esta decisión, la Mesa Directiva del Congreso, que preside Eduardo Salhuana Cavides, calificó como injustificada la inasistencia de Chávez Chino, en aplicación del artículo 89, literal k), del Reglamento del Congreso. En consecuencia, se dispuso a continuar con el trámite de la acusación.

Posteriormente, por 21 votos a favor y dos en contra, la Comisión Permanente designó a los integrantes de la subcomisión acusadora que estará integrada por los congresistas María Acuña Peralta y Esdras Medina Minaya, quienes asumirán la responsabilidad de sustentar el informe aprobado y formular la correspondiente acusación constitucional ante el Pleno del Congreso de la República.

SUSTENTACIÓN DEL INFORME

Acto seguido, se dio lectura a las conclusiones del informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el cual recomienda acusar a la excongresista en su condición de funcionaria pública y solicitar al Pleno del Congreso el levantamiento del antejuicio político, a fin de permitir el procesamiento penal correspondiente.

Según el informe, el procedimiento parlamentario se ha desarrollado respetando el debido proceso, en concordancia con la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, así como con la jurisprudencia y doctrina aplicables, garantizando el derecho de defensa y el principio de contradicción.

La congresista María Acuña Peralta (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue la encargada de sustentar las conclusiones del informe. Señaló que existen indicios razonables y suficientes elementos de prueba que permiten imputar a la señora Chávez Chino, en su calidad de congresista, por haber dispuesto la contratación directa de los ciudadanos Marco Antonio Sotelo Villa y Flor de María Sotelo Villa como personal auxiliar de su despacho parlamentario.

Dijo que dichas contrataciones se habrían realizado por expresa disposición de la denunciada, según consta en declaraciones de los involucrados, documentación firmada por la excongresista y su propia declaración escrita, en la que reconoce haber ordenado estas designaciones incluso durante su periodo de licencia parlamentaria.

Asimismo, se ha identificado su presunta intervención en contrataciones irregulares en EsSalud, SUNAFIL y SENATI, durante su gestión como ministra de Trabajo. En EsSalud, por ejemplo, se habría facilitado la contratación de Marco Antonio Sotelo Villa sin proceso competitivo, contraviniendo directivas internas. En el caso de SUNAFIL y SENATI, se atribuye a la exministra la designación de Antonio Sotelo Calderón, padre de su pareja sentimental y miembro del partido de gobierno, mediante gestiones realizadas por su jefe de gabinete.

“Estos hechos configuran un uso indebido del cargo público para favorecer intereses personales y políticos, lo cual constituye indicios sólidos de la presunta comisión del delito de negociación incompatible”, afirmó Acuña Peralta.

Respecto al delito de tráfico de influencias agravado, el informe concluye que la denunciada habría intervenido directamente ante los entonces ministros de Vivienda, Geiner Alvarado López y César Paniagua Chacón, para lograr la contratación de Antonio Riquelme Sotelo Calderón como jefe de la Oficina de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI). Dicha versión fue corroborada por el testimonio de Salatiel Marrufo, exfuncionario del ministerio de Vivienda, quien confirmó haber recibido instrucciones para concretar esta designación a solicitud directa de la señora Chávez.

El proceso concluyó con la contratación formal del beneficiario y, tras su cese, con una reinstalación promovida desde el Ejecutivo, en la que se identificó participación del entonces presidente Pedro Castillo y del ministro Paniagua, reforzando los indicios de tráfico de influencias en perjuicio del interés público.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL