La Comisión Permanente aprobó, por mayoría, el informe final de las denuncias constitucionales 395 y 406, que recomienda acusar al exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Luis Alfonso Adrianzén Ojeda, como presunto autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto y sancionado en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado.

La decisión fue adoptada con 17 votos a favor y cuatro en contra, en la sesión conducida por la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos.

Durante la sustentación del informe, la congresista María Acuña Peralta (APP), presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, señaló que, según información periodística publicada por un diario local, así como testimonios y conversaciones de WhatsApp obtenidas durante la investigación, se habría identificado la participación del exministro del actual gobierno en el pago irregular de S/ 41 millones 520 mil, efectuado por EsSalud, a favor de la empresa Aionia. Esta empresa fue contratada en 2020 para la adquisición de un millón de pruebas rápidas para la detección de COVID-19, pero incumplió los plazos de entrega estipulados en el contrato.

Inicialmente, se impuso una penalidad y se paralizó el pago. Sin embargo, el 10 de febrero de 2023, cuando Adrianzén ya era ministro y la presidencia de EsSalud la ocupaba Aurelio Arturo Orellana Vicuña, se anuló dicha penalidad y se autorizó el desembolso, alegando un laudo arbitral que habría verificado el cumplimiento de los plazos, a pesar de que existían evidencias en sentido contrario.

Un informe de la Contraloría General de la República concluyó que dicha compra fue irregular, al haberse favorecido a una empresa que no cumplió con las condiciones técnicas ni con el cronograma pactado.

La congresista Acuña también señaló que la investigación parlamentaria incluye mensajes de WhatsApp entre altos funcionarios de EsSalud y asesores, los cuales evidenciarían presiones e instrucciones para concretar el pago a la empresa, incluso fuera del horario laboral. Estos mensajes, según indicó, sugieren una participación del exministro en la gestión del pago.

DEFENSA DEL EXMINISTRO

Durante su intervención, el exministro Luis Adrianzén ejerció su derecho de defensa. Rechazó las acusaciones, argumentando que carecen de sustento jurídico y se basan en una interpretación sesgada de los hechos. Afirmó que su actuación como funcionario público se desarrolló estrictamente dentro de los límites legales del cargo y que nunca impartió órdenes ni autorizó pagos relacionados con el caso investigado.

“Lo que existió fue una legítima preocupación institucional ante la inoperancia de EsSalud, y un intento por impulsar soluciones, como la creación de un viceministerio de Seguridad Social, que lamentablemente no prosperó”, señaló.

Asimismo, cuestionó el enfoque mediático del caso, alegando que se ha desviado deliberadamente el foco de atención. “La historia original trataba sobre un presunto entramado de corrupción en torno al pago a una empresa. Sin embargo, con el tiempo, esa narrativa se transformó en una acusación directa contra mí, pese a que en los reportajes iniciales ni siquiera se me menciona”, explicó.

El exministro también precisó que las comunicaciones que se utilizan como indicios en su contra fueron realizadas a través de un teléfono institucional del Estado, no desde su dispositivo personal, lo que según indicó desmiente cualquier intención de ocultamiento.

Finalmente, en aplicación de lo dispuesto en el inciso g) del artículo 89 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión Permanente aprobó por unanimidad (23) la designación de la comisión acusadora que estará integrada por los congresistas María Acuña Peralta (APP) y Jorge Montoya Manrique (HyD).

“Dicha comisión tendrá a su cargo la sustentación del informe final aprobado y la formulación de la correspondiente acusación constitucional ante el Pleno del Congreso de la República”, informó la primera vicepresidenta del Congreso.

AL ARCHIVO

Con 20 votos a favor, 2 en contra y cero abstenciones, se aprobó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda archivar la Denuncia Constitucional 364 contra la congresista María Acuña Peralta (APP), por la presunta comisión del delito de concusión, tipificado en el artículo 382 del Código Penal, y por la presunta vulneración de los artículos 1, 23, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú.

“Ha sido aprobado el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En consecuencia, y de conformidad con el procedimiento parlamentario, se dispone el archivo de la Denuncia Constitucional 364”, sostuvo la primera vicepresidenta del Congreso, Patricia Juárez Gallegos.

Las conclusiones del informe se sustentan en que, tras haberse seguido el debido proceso, respetando los derechos de defensa de la denunciada, se determinó que los hechos imputados no han sido acreditados.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL