La Comisión Permanente aprobó, por mayoría (18 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones), acusar a Edgar Alarcón Tejada (UPP) por antejuicio político en su condición de ex contralor general de la República, por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado.

De acuerdo con el inciso g) del artículo 89 del Reglamento del Congreso, la presidenta a. i. Mirtha Vásquez Chuquilín, sometió a consulta la propuesta del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Carlos Pérez (AP), para que la legisladora Felícita Tocto Guerrero (DD), sea la ponente de la acusación ante el Pleno. El pedido fue aprobado con el voto de 24 congresistas. Dos se pronunciaron en contra y hubo una abstención.

La Denuncia Constitucional 371 fue formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, el 9 de julio del 2020. El informe de calificación sobre el cual se basa el informe final fue presentado el 6 de octubre de 2020 y aprobado por mayoría por los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el 8 de febrero último.

A Edgar Alarcón Tejada se le acusa por ser el presunto autor del delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal, en agravio del Estado peruano.

El informe final, sustentado por la congresista Felicita Tocto Guerrero (DD), ponente de la Denuncia Constitucional 371, encuentra indicios de un desbalance patrimonial del denunciado.

Tocto Guerrero señaló, en primer lugar, que la denuncia planteada se basa en las declaraciones juradas omisas del excontralor que “demuestran falta de transparencia y de formalidad”, y algunas irregularidades administrativas como, por ejemplo, no declarar ante la Sunat y la Contraloría, entre los años 2013 y 2015, un monto de más de 182 mil dólares americanos.

También, expuso que se le acusa de haber ejercido labor lucrativa, a pesar de que estaba impedido de hacerlo por el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, cuando fue funcionario y contralor, conductas que dieron como resultado la presente denuncia constitucional.

Esa labor lucrativa, informó más adelante, versa sobre la adquisición, entre los años 2002 y 2015, de más de 90 autos y camionetas de alta gama con la finalidad de realizar, presuntamente, actividades comerciales de compraventa de vehículos.

Como se observa, continuó, este periodo incluye los años en los que se desempeñó como funcionario, vicecontralor y titular de la Contraloría. Es más, cuando se desempeñó como vicecontralor y contralor, esta actividad y sus respectivos ingresos no fueron incluidos en sus declaraciones juradas.

Una primera pericia concluyó que Alarcón Tejada presenta un desbalance patrimonial por 2 871 186 soles en el periodo del 1 de enero de 2007 al 8 de junio de 2016; una segunda pericia arroja un desbalance de 201 337 soles del 9 de junio de 2016 al 4 de julio de 2017 cuando ejerció funciones públicas de contralor general de la República.

Lo más resaltante, en palabras de la Tocto Guerrero, es el tercer informe pericial, que habría determinado que en el mismo periodo existieron diversos ingresos bancarizados por la suma de 275 644 soles, cuyos orígenes y depositarios se desconocen.

“Estos depósitos habrían sido realizados en efectivo, en montos distintos y en diferentes zonas, de los cuales se desconoce la identidad de los depósitos y la procedencia de estos, pero que fueron retirados de las cuentas respectivas”, expresó.

Todo ello, “haría presumir la existencia de un desbalance patrimonial en los años mencionados, lo cual no se justificaría con sus ingresos legítimos obtenidos durante dicho periodo, atribuyéndose ello al prevalimiento o abuso del cargo de contralor general de la República”.

LA DEFENSA

Edgar Alarcón Tejada, acompañado por su abogado defensor, Humberto Abanto, sostuvo que la pretendida denuncia carece de sustento, pues copia, y enfatizó la palabra, una denuncia sin sustento que tiene como único fin “frenar su accionar frente a verdaderos actos de corrupción”, y eso “es un acto criminal”.

Alarcón indicó que la supuesta ausencia de transparencia durante el periodo en el que se desempeñó como contralor por declaraciones juradas omisas, estas “son de carácter periódico, al inicio, al cese, es un estado de situación a la fecha, y no se declaran los movimientos en el año”.

Indicó que la actividad lucrativa que se le atribuye solo es por la compra de un vehículo, durante su periodo de contralor, y enfatizó lo siguiente: “Yo no ejercí actividad lucrativa dentro de mi función de contralor”.

Sobre el supuesto desbalance patrimonial afirmó que la cifra a la cual se llega no ha considerado el saldo inicial. “Es un hecho probado y demostrado”, manifestó, “que había dinero en mis cuentas bancarias al iniciar la gestión de contralor, y no consideraron el saldo inicial de 338 045 soles”.

En enero de 2017, señaló, el saldo inicial no reconocido fue de 19 160 soles, pues hizo una transferencia regular para pagar un saldo hipotecario, y “eso no es reconocido por la fiscalía”. Por ello, asegura que esta “con mala fe fabrica el desbalance patrimonial”.

Sobre ingresos bancarizados de supuesto origen desconocido indicó que el informe Tocto repite el vicio de la Fiscalía. Al respecto, el abogado defensor, Humberto Abanto Verástegui, explicó que la Fiscalía ha realizado una investigación incompleta, porque sí tenía los nombres de las personas que aportaron a las cuantas del excontralor.

“Debió citarlas”, se explayó, “y, por tanto, no esclareció los hechos y saltó a las conclusiones”. Más adelante, subrayó el hecho de que en la actuación de su defendido como contralor no existe ningún “indicio de abuso”.

Durante el debate, participaron Martha Chávez Cossío (FP), Carlos Almerí Veramendi (PP), Carlos Mesía Ramírez (FP), Ricardo Burga Chuquipiondo (AP), Gino Costa Santolalla (PM), Diethell Columbus Murata (FP), César Combina Salvatierra, Lenin Bazán Villanueva (FA), José Ancalle Gutiérrez (FA), Franco Salinas López (AP), entre otros.

Lima, 5 de marzo de 2021

PRENSA-CONGRESO