La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 20 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, el informe final que recomienda la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública del exministro del Interior, Ismael Rubén Vargas Céspedes, por presuntas infracciones a los artículos 45, 139 inciso 3) y 172 de la Constitución Política del Perú.

Además, se aprobó con 21 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la propuesta para acusarlo por la presunta infracción constitucional en su condición de exministro del Interior, así como la presunta comisión del delito de abuso de autoridad tipificado en el artículo 376 del Código Penal.

De igual forma, con 19 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la Comisión Permanente decidió levantar el fuero parlamentario del exministro Vargas Céspedes, para que el Ministerio Público actúe conforme a sus atribuciones constitucionales.

Culminadas las votaciones, el titular del Parlamento, Eduardo Salhuana, precisó que de esta manera “queda expedito para que el Consejo Directivo fije fecha y hora para el debate y votación ante el Pleno del Congreso”.

SUSTENTACIÓN

El congresista Jorge Montoya Manrique, delegado de las denuncias constitucionales 285, 287 y 369 (acumuladas), indicó que el exministro Vargas Céspedes debe asumir responsabilidad por la vulneración de las normas que rigen el funcionamiento de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Según Montoya, el 24 de noviembre de 2020, Vargas Céspedes y otros funcionarios habrían dispuesto de manera arbitraria y violando la Constitución el pase al retiro de 3 tenientes generales y 16 generales de la PNP, lo que afectó gravemente la institucionalidad de la Policía, pues produjo un «descabezamiento» sin motivación legal, menoscabando la dignidad de los oficiales y de la institución.

Montoya Manrique también cuestionó la legalidad de la designación del general César Augusto Cervantes Cárdenas como comandante general de la PNP, al considerarla una violación de los procedimientos establecidos por la ley. Además, destacó que las resoluciones que ordenaron el pase a retiro y desestimaron los recursos de reconsideración interpuestos no fueron debidamente motivadas, lo que vulneró los derechos de los oficiales afectados.

Finalmente, solicitó que se imponga una sanción de inhabilitación por 10 años para el exministro Vargas Céspedes y que se permita al Ministerio Público investigar la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.

DEFENSA

Con el fin de ejercer su derecho de defensa, se presentaron los abogados Daniel Figallo y Roberto Pereyra, por 20 minutos.

Figallo señaló que la situación trasciende un simple debate sobre interpretaciones legales, involucrando un reparto de poder establecido por la Constitución. Explicó que el presidente de la república ocupa una posición máxima, según la Constitución de 1928, y que la ley, no un reglamento, determina los límites de estas decisiones.

El abogado también explicó que el presidente de la república tiene la atribución exclusiva para disponer el pase al retiro de los oficiales, y consideró que no se puede atribuir un delito a los ministros en este proceso. Finalmente, enfatizó que el posible abuso de autoridad debe ser evaluado en instancias jurisdiccionales, y que no ha existido abuso de autoridad en este caso.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL