La Comisión Permanente aprobó, con 22 votos a favor, la conclusión del informe final de la denuncia constitucional 247, que recomienda acusar al denunciado Julio Atilio Gutiérrez Pebe, en su calidad de exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y patrocinio ilegal, regulados en los artículos 317 y 385 del Código Penal, respectivamente.

Así también, fue aprobado, con 26 votos a favor, la conclusión del informe final de la denuncia constitucional 247 contra Orlando Velásquez Benites, en su calidad de exmiembro del Consejo Nacional de la Magistratura por la presunta comisión del delito de organización criminal, tipificado en el artículo 317 del Código Penal.

El acuerdo fue tomado en la sesión virtual realizada el viernes 5 y dirigida por la congresista Mirtha Vásquez Chuquilín, presidenta a. i. del Congreso de la República.

Seguidamente, se acordó que los miembros de la subcomisión acusadora que se nombró para formular, ante el Pleno del Congreso, la denuncia constitucional contra Cesar Hinostroza, Guido Aguila y Sergio Noguera sea la misma que se encargue de hacer lo propio con las denuncias contra Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez, por estar contenidas en un mismo informe. La tarea recaerá en los congresistas María Cristina Retamozo (Frepap) y Otto Guibovich (Acción Popular).

La sustentación de la conclusión del informe final de la denuncia constitucional 247 estuvo a cargo de la congresista María Cristina Retamozo Lezama, quien dijo que “sí, existen indicios razonables de que los acusados habrían integrado la organización Los Cuellos Blancos del Puerto”. Agregó que a Gutiérrez Pebe se le atribuye el delito de patrocinio ilegal.

Explicó que –en sus descargos– Julio Gutiérrez señala que son insuficientes las pruebas sobre la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, y respecto del presunto favorecimiento a Javier Prieto Balbuena, gerente general de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu), la declaración del colaborador eficaz no ha sido corroborada.

Por otro lado, respecto del denunciado Orlando Velásquez Benites, la legisladora Retamozo dijo que no presentó descargos. La parlamentaria fue respaldada por el congresista Carlos Pérez Ochoa, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“Lo que estamos haciendo es quitar el manto de protección para que sea la justicia ordinaria la que proceda con la calificación de lo denunciado por el Ministerio Publico para que proceda a sopesar cada uno de los argumentos que –en su momento–, tanto ante nosotros como ante el órgano jurisdiccional correspondiente, tengan que dar ambas parte. Ese el sentido de un antejuicio político”, señaló Pérez.

LOS ACUSADOS

En la sesión virtual participó el acusado Julio Atilio Gutiérrez Pebe, quien inició su intervención señalando que la acusación data de agosto del 2018 y es un caso que se encuentra judicializado.

Enseguida cuestionó que se le pretenda acusar de integrar una organización criminal por “solamente haber hablado dos veces por teléfono con una persona”.

“Lo único que hay son esas dos conversaciones con el doctor Walter Ríos, no ha habido más. Yo converse con él para que atienda a Prieto Balbuena, no sé qué conversaron, señora presidenta”, puntualizó.

Recordó que ya ha estado con prisión preventiva por un año y ocho meses, y salió por exceso de carcelería. Además, el Congreso lo inhabilitó para ejercer cargo público por diez (10) años. “Todo lo que les digo obra en la carpeta fiscal. Yo quisiera que actúen con justicia y apego a la ley”, agregó Gutiérrez Pebe.

También, participó en la sesión virtual su abogado Humberto Abanto, quien respecto de la acusación a su patrocinado de pertenecer a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto dijo que se está violando lo que señala el artículo 335 incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal en la denuncia constitucional planteada por la Fiscalía de la Nación.

La sesión contó, asimismo, con la presencia de Jhonatan Correa Arias, abogado del acusado Orlando Benítez, quien consideró que la acusación constitucional contra su patrocinado no debe aprobarse. “No se enuncia un hecho concreto para Orlando Velásquez en la conclusión del informe final. ¿Dónde están los actos? ¿Dónde Orlando Velásquez designa magistrados y participa en cadena de favores? No existe. No hay nada para mi patrocinado desde el punto de vista factico”, inquirió.

A lo antes señalado, la congresista Retamozo Lezama aclaró que la denuncia 247 es la primera denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación, donde se les acusa de delito de organización criminal.

“La función del Congreso de la Republica es evaluar si existen elementos de convicción suficientes para permitir que un alto funcionario sea procesado por la justicia o por el contrario evitarlo si considera que hay móviles políticos. En este caso hay dos colaboradores eficaces y dos testigos protegidos que describen la organización criminal. Motivación política no, elementos de convicción sí”, concluyó la congresista.