El próximo viernes 16, la Comisión Investigadora sobre hechos producidos en la base contrasubversiva ‘Madre Mía’, que preside el congresista Héctor Becerril Rodríguez (FP), acudirá al penal Barbadillo, para entrevistar al expresidente de la República, Ollanta Humala Tasso, quien según testimonios se desempeñó como jefe de esa base militar con el nombre de ‘Capitán Carlos’.

También aprobaron en forma unánime solicitar la autorización judicial para utilizar las escuchas telefónicas legales del “Caso Artemio”. Estuvieron presentes los legisladores Yeni Vilcatoma de la Cruz, Jorge del Castillo Gálvez, Zacarías Lapa Inga y Moisés Guía Pianto.

Héctor Becerril dijo que esta comisión, conforme a la facultad otorgada por el Pleno del Congreso de la República, se encuentra investigando los presuntos pagos de sobornos efectuados a testigos vinculados a la violación de derechos humanos cometidos en la base militar ‘Madre Mía’.

Informó que el 13 de noviembre de 2017 se le solicitó al doctor Luis Enrique Valdivia Calderón, fiscal de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Derechos Humanos y Terrorismo, que remita copia de todo lo actuado, audios de escuchas legales y sus transcripciones, actas, informes, resoluciones y todo que contiene el expediente “Caso Artemio”.

Las referidas escuchas telefónicas legales, seguidas contra el cabecilla de Sendero Luminoso,  Florindo Eleuterio Flores Hala, (C) “Artemio”, contendría información sobre presuntas compras de testigos en el “Caso Madre Mía”, pero el fiscal Valdivia respondió que está impedido de entregar esa información, acotó.

En la sesión de hoy se presentó Clara Luz Conde Centeno, ex Fiscal Superior Adjunta  de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Conde dijo que todo fue para ayudar y favorecer a Ollanta Humala. 

Qué  interés iba a tener esa entrega de dinero, preguntó. Se iban a encontrar en Metro de San Juan de Lurigancho el suboficial EP Amílcar Gómez Amasifuén con Robinson Gómez Reátegui. Pero Amílcar (hombre de confianza de Ollanta Humala) no llegó, parece que se percató y no se realizó la entrega del dinero, enfatizó.

Con respecto al ofrecimiento a los testigos, dijo no hay pruebas. No existen giros ni ‘vouchers’ del dinero que enviaba. Jorge Avila dice que lo apoyaba porque era su pariente. ¿Es testigo o no es testigo?, preguntó y respondió ella misma: según la sala, no lo es. Faltaron elementos. Robinson Gómez es la persona que sindicaba, desde un inicio, a los testigos, señaló. Los absolvieron a todos al no existir pruebas de oficio. Se le citó a Ollanta Humala pero no se concretó su presencia, puntualizó.

“COMPRA DE TESTIGOS”

La congresista Yeni Vilcatoma indicó que todo estaba direccionado para la compra de testigos. “Amílcar Gómez Amasifuén tuvo el encargo direccional. Tuvo participación directa. Le dieron el encargo para que se cumpla. Por eso viajó a Tingo María”, sostuvo.

Dijo que se menciona a Cynthia Montes,  ex jefa de prensa del Palacio de Gobierno durante la gestión de Ollanta Humala, pero pese a las pruebas que la sindican no se le considera. Hay una serie de actos dirigidos a generar impunidad, remarcó la parlamentaria.

Vilcatoma afirmó que la ex magistrada nos está demostrando que hubo pruebas que no se tomaron en cuenta ni las valoraron. Si no era el tipo penal, la Sala lo pudo corregir y llevarlo al tipo penal, comentó.

“Estamos frente a un delito. Fue un pretexto que se usó. Le quitaron la condición de testigo a alguien que lo era. Eso está claro en esta investigación. Se emitieron dictámenes pensando que eso iba a quedar ahí. Pero ahora nos enteramos con nuestra investigación la verdad de los hechos”, aseveró.

Momentos después, se presentó Hugo Príncipe Trujillo, Juez Supremo de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Dijo que participó como vocal integrante de la Corte Suprema.  Explicó que luego de evaluar las pruebas, se pudo establecer que la Sala no había evaluado adecuadamente. “El testigo es un órgano de prueba. La Sala Superior no consideró eso para dar una sentencia”, acotó.

Se dispuso otro juicio oral para dictar una nueva sentencia por otro colegiado. No se tuvo en cuenta la calidad de los testigos. El testigo existe desde el primer momento de los hechos, argumentó.

Príncipe Trujillo expresó que revisó el expediente y que el recurrente fue el Ministerio Público. Es posible que cuando hay una irregularidad se pone a conocimiento, pero en este caso, se respetó  la decisión, afirmó.

 “Ollanta Humala formaba parte de la investigación. Estaba vinculado en la ejecutoria suprema. Se dispone un nuevo juicio oral. Al Ministerio Público le correspondió, es el representante de la legalidad”, refirió.

            Príncipe dijo que el fiscal debió defender y sostener su acusación fiscal. Ya había un dictamen fiscal. Los hechos que se investigaban eran. La Sala Superior debió pronunciarse, pero nadie lo hizo. El fiscal pudo solicitar que se amplíe,  habían elementos probatorios, aseveró.

PRENSA CONGRESO