La Comisión Especial Multipartidaria, responsable de definir los objetivos y lineamientos en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional, que conduce la legisladora Magaly Santisteban Suclupe (bancada de Fuerza Popular), realizó una sesión de trabajo orientada a analizar los principales desafíos que enfrenta el Estado peruano en las zonas de frontera.

Para esta sesión, la sexta que se realizó de manera extraordinaria, se invitó a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Superintendencia Nacional de Migraciones y de la Policía Nacional del Perú.

Durante la serie de exposiciones, se abordó la creciente expansión del crimen organizado transnacional, caracterizado por la actuación de estructuras criminales articuladas que operan a través de redes que cruzan fronteras y que se sostienen en economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el sicariato, el contrabando y la trata de personas.

Al respecto, la embajadora Lilian Ballón, representante del Ministerio de Relaciones Exteriores en el grupo de alto nivel encargado del seguimiento del plan de acción resolutivo para combatir la delincuencia organizada transnacional de la Comunidad Andina, señaló que su sector se encuentra fortaleciendo sus acciones con miras a reforzar la gobernanza regional y global en esta materia, así como la cooperación internacional con otros países.

Para eso, explicó que el Estado peruano mantiene una cooperación bilateral activa y sostenida en materia de seguridad y defensa con todos sus países vecinos: Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador; la misma que está orientada a enfrentar de manera coordinada las amenazas de la delincuencia organizada transnacional en zonas de frontera, tales como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas, el contrabando y otros delitos conexos.

La Cancillería, dentro de sus competencias, ha organizado reuniones que han permitido compartir diagnósticos actualizados sobre redes delincuenciales en la frontera, lo que ha fortalecido la inteligencia operativa y el intercambio de información, así como promovido acciones conjuntas contra delitos prioritarios. Advirtió que, a raíz de estos encuentros, se han alcanzado 24 compromisos bilaterales concretos que incluyen acuerdos de inteligencia, coordinación operativa y operaciones conjuntas frente al delito de crimen organizado transnacional en la Amazonía.

Por su parte, Valeria Morales, directora de operaciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones, señaló que su sector viene articulando información como alertas con el Reniec y también con la Policía Nacional del Perú para la identificación de personas nacionales y extranjeras. No obstante, dijo que se requiere la implementación de un sistema automatizado de identificación de huellas dactilares en los puntos de control, previa asignación presupuestal.

“De nuestros 57 puntos regulares, solo tenemos control migratorio en 9 por limitaciones presupuestales”, advirtió.

En tanto, el general PNP Francisco Ninalaya, de la Dirección de Fronteras de la Policía Nacional del Perú, informó que, de 164 puestos de vigilancia, 40 han sido suprimidos por deficiencias en la infraestructura. Informó que, de 7181 km de frontera, se han identificado 169 pasos no autorizados. El oficial precisó que en las fronteras con Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador se reportan al menos 15 organizaciones criminales dedicadas a diversos delitos.

“Los 114 puestos de vigilancia son escasos para cubrir esta cantidad de frontera; además de que se necesitan vehículos, no solo camionetas, sino motocicletas y, sobre todo, en zonas fluviales, embarcaciones para poder patrullar o desplazarse”, sostuvo.

Finalmente, la congresista Magaly Santisteban Suclupe destacó la necesidad de una respuesta integral del Estado que articule políticas públicas, fortalezca la seguridad nacional y permita evaluar si las estrategias actuales están alineadas con la magnitud del problema. Asimismo, se remarcó la importancia de identificar brechas institucionales, optimizar los mecanismos de coordinación intersectorial y promover decisiones concretas que refuercen la presencia del Estado en zonas estratégicas.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL