En su cuarta sesión ordinaria, la Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de estudiar y presentar una propuesta de reforma integral del sistema de administración de justicia en el Perú, presidida por la congresista Maricarmen Alva Prieto (NoA), recibió a autoridades del sector Interior, Defensa y Justicia Militar-Policial, quienes expusieron los principales retos y propuestas para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y las nuevas formas de terrorismo que amenazan al país.

El general Óscar Arriola Delgado, jefe del Estado Mayor de la PNP, advirtió que el país enfrenta hoy una “nueva forma de terrorismo”, ya no con motivaciones ideológicas, sino con métodos de extrema violencia empleados por organizaciones criminales.

Detalló que la criminalidad transnacional utiliza descuartizamientos, ráfagas de 40 disparos, coches bomba y armas de largo alcance para infundir miedo, lo que genera en la población una sensación de impunidad y descontrol.

En ese sentido, planteó revisar el marco legal para actualizar la definición de terrorismo y permitir una respuesta más firme del Estado, señalando que los detenidos por estos delitos podrían permanecer hasta 15 días bajo custodia para fortalecer las investigaciones.

El viceministro de Orden Interno, Félix Pérez Rodríguez, señaló que el Ministerio del Interior ha planteado una propuesta estratégica para guiar la acción estatal frente al crimen organizado. Sin embargo, alertó sobre la falta de coordinación y la duplicación de funciones entre instituciones del sistema de justicia, lo que debilita las investigaciones.

Destacó la necesidad de implementar un sistema de trazabilidad en tiempo real que permita seguir un caso desde la captura hasta la sentencia final, ya que actualmente “el 96 o 97 % de los procesos no concluyen con penas efectivas”.

Asimismo, enfatizó la urgencia de contar con tecnología moderna, un banco genético nacional y penales de alta seguridad en zonas alejadas, evitando que los criminales sigan operando desde las cárceles.

El jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, José Luis Rojas Alcocer, informó que las Fuerzas Armadas operan en nueve estados de emergencia, pero enfrentan serias limitaciones por la falta de fiscales especializados en zonas críticas como el Vraem, Putumayo y Pataz.

Propuso reactivar una Fiscalía de Terrorismo en Pichari, crear una Fiscalía Mixta Corporativa en Pataz y establecer mecanismos alternativos que garanticen la legalidad de las operaciones militares en ausencia de representantes del Ministerio Público.

Finalmente, el presidente del Fuero Militar Policial, Arturo Giles Ferrer, resaltó la importancia de incluir a esta jurisdicción en el debate sobre la reforma de la justicia. Recordó que su finalidad constitucional es garantizar la disciplina y la operatividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

“En la justicia penal ordinaria, el centro es el delincuente; en la justicia militar-policial, el foco es el efectivo que debe reintegrarse con firmeza a su función. No somos una jurisdicción residual, sino un pilar indispensable para la defensa y el orden interno del país”, subrayó.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL