La Comisión Especial COVID-19, presidida por el congresista Juan Carlos Mori Celis (AP), escuchó el pedido del alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, de modificar la Ley Orgánica de Municipalidades para acelerar los procesos de demolición de establecimientos ilegales.

Explicó que actualmente las demoliciones se tramitan en la vía sumarísima y ante el juez especializado en lo civil, pero que los juzgados tienen alta carga procesal y resuelven los casos a través de procesos largos y engorrosos.

Por eso, el burgomaestre indicó que se requiere de una norma que busque que la demolición se dé a través de una autorización judicial ante un juez de paz letrado a efectos de hacer más célere la ejecución.

Muñoz Wells dijo que ha informado de esta necesidad a la presidenta del Congreso y a la Comisión de Descentralización para que hagan suya la propuesta con la finalidad de que las demoliciones no queden paralizadas.

En otro momento, se refirió al caso de la galería Plaza Central en el centro de Lima, que tiene una licencia de obra a nombre de la empresa cinematográfica Santa Catalina S.A.C. desde el 2004, y a partir del 2018 se modificó la licencia a nombre de la Junta de Propietarios Jirón Andahuaylas-Calle Plazuela de Santa Catalina.

Empero, la comuna limeña había iniciado un proceso sancionador contra Santa Catalina S.A.C. en el 2017 por construir sin licencia dictaminando en el 2019 la demolición del edificio.

Sin embargo, la decisión no se ejecutó porque se requiere la orden judicial respectiva, y la presentación de la demanda es suspendida en tres meses si no es ejecutada. Eso obliga a la municipalidad a iniciar un nuevo proceso sancionador.

De otro lado, el alcalde limeño explicó, con algunos detalles, el plan preventivo en Mesa Redonda, su problemática y la difícil situación que atraviesa. Asimismo, las medidas adoptadas desde noviembre del 2021, entre ellas, el reforzamiento en seguridad y las medidas sanitarias.

En ese sentido, indicó que 550 miembros del personal operativo de la municipalidad, 200 policías y 20 bomberos se encargan, cada día, del control del área y de cualquier emergencia.

Con la aplicación de las medidas, indicó, se han recuperado espacios públicos y liberados para el tránsito peatonal y vehicular; se controla el aforo en los establecimientos; se imprimen carnés de vacunación en forma gratuita; y se han clausurado 40 locales comerciales

CONTRALOR

El contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, informó ante la Comisión Especial COVID-19 la conclusión del control posterior del Seguro Social de Salud (EsSalud), señalando que fueron encontrados responsables de actos de corrupción o irregularidades a 64 funcionarios, que estarían afectos a sanciones administrativas, civiles o penales.

Dijo, además, que el monto observado es de 188 millones 76 mil 923 soles y que el perjuicio económico asciende a 21 millones 284 mil 271 soles, aunque no es una cifra definitiva.

El funcionario informó sobre las acciones de control simultánea, concurrente y posterior realizadas sobre las irregularidades identificadas en los tres niveles de gobierno en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, así como en el proceso de vacunación en el ámbito nacional.

En una amplia explicación, Shack Yalta indicó que fueron destinados un total de 29 millones 21 mil soles en el 2021 para enfrentar la pandemia en los tres niveles de gobierno: central, regional y local, fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud; mitigar los efectos de las medidas de aislamiento e inmovilización social.

Así también en la implementación de medidas de contención de la emergencia sanitaria; y medidas para la reactivación económica.

El contralor señaló que, en abril del 2019, los más de tres mil auditores del Sistema Nacional de Control salieron de la cuarentena y se desplegaron a nivel nacional para ejercer el control simultáneo para cumplir con los objetivos establecidos.

Dijo que se han elaborado más 15,500 informes de control simultáneos y también posteriores a los procesos, realizando control simultáneo concurrente, advierten sobre hechos y situaciones adversas, que pueden convertirse en delitos o irregularidades.

“Si no se corrigen oportunamente, pueden terminar afectando seriamente la prestación del servicio, el cumplimiento de los objetivos de la intervención o generar perjuicios económicos”, anotó.

El congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP) sostuvo que el tema de las pruebas rápidas, que en muchos casos dio falsos positivos, significó la muerte de miles de peruanos, y que, pese al control concurrente de la Contraloría, los involucrados en la adquisición siguen libres y trabajando con normalidad.

Dijo no ver ningún efecto sobre el caso llamado “vacunagate”, donde el principal protagonista fue el expresidente Martín Vizcarra Cornejo con la adquisición de las cuestionadas vacunas Sinopharm.

Por su lado, el congresista Alejandro Muñante (RP) pidió que se conozca el número real de fallecidos por la COVID-19 y sobre el caso de una exfuncionaria que renunció por haber sido presionada por el jefe de EsSalud a colocar personal no calificado.

El legislador Mori Celis preguntó por la entrega del hospital de Iquitos muchas veces postergada y también sobre 211 casos de personas registradas como vacunadas después de haber fallecido.

Shack Yalta respondió que el control de la Contraloría es de legalidad y no la identificación de responsables, porque el que hace el trabajo de sanción es la autoridad correspondiente.

OFICINA DE COMUNICACIONES