La Comisión de Transportes y Comunicaciones, que preside el congresista Alejandro Soto Reyes (APP), escuchó a los representantes de la Asociación de Agencias de Medios y de la Sociedad Peruana de Marketing, en torno a la propuesta que plantea una ley de regulación de la publicidad estatal.

Los representantes de ambas organizaciones expresaron su preocupación por una supuesta eliminación de este sector en el proyecto que propone regular la inversión de publicidad estatal del Estado. El motivo es porque la propuesta legislativa fija criterios para el uso de los recursos públicos destinados al rubro de publicidad en prensa escrita, radial y televisiva.

El titular de la comisión aclaró que la proposición no plantea la eliminación de las agencias de publicidad y propone, en el dictamen respectivo, que las entidades estatales podrán hacer uso de estas empresas, vía concurso, pero sin carácter obligatorio, como es en la actualidad.

En esa misma línea, la congresista Cheryl Trigozo Reategui (APP) aclaró que la propuesta no restringe la participación de las agencias de los medios, pero consideró que el Estado debería tener la decisión para la contratación de empresas de comunicación en forma directa en el interior del país.

Asimismo, sostuvo que todos los peruanos deben ser informados de las actividades de quienes administran los recursos del Estado y no solo determinados grupos.

La iniciativa legislativa N.° 440/2021-CR tiene su antecedente en la que presentó en el 2018 la excongresista Gloria Montenegro Figueroa, de las filas de Alianza Para el Progreso.

También, plantea fiscalizar la transparencia y la racionalidad en el uso de los recursos públicos para la contratación de servicios de publicidad estatal.

En representación de la Asociación de Agencias de Medios, Claudio Cajina Samamé afirmó que el objetivo de esta organización es promover e impulsar el desarrollo de la industria y las buenas prácticas, y fomentar el desarrollo de la investigación y estudios relacionados a la planeación y compra de medios.

“Somos empresas especializadas en el desarrollo de estrategias, planeación, compra, implementación y monitoreo de medios para las campañas de comunicación sea en el ámbito o en el público”, indicó.

Cajina Samané sugirió que el proyecto contemple que, en las licitaciones, las agencias de medios deban informar el porcentaje de la comisión que cobran a los medios de comunicación para evitar que las agencias ilegales realicen cobros de 60 y 70 % -lo que está fuera del mercado-, con lo cual se deja la duda de que detrás haya corrupción».

Además, planteó la creación de un registro en el cual las agencias acrediten que tienen las herramientas adecuadas; y que cuenten con los programas de prevención de delitos de corrupción y lavado de activos, conforme a ley.

Por su lado, el presidente de Sociedad Peruana de Marketing, Rolando Arellano Bahamonde, recomendó el fortalecimiento de las herramientas vinculadas a la investigación y estudio de mercado para la toma de decisiones.

Afirmó que se debe promover ese sector, y propuso que el proyecto de ley en mención considere no solo la perspectiva de los canales de televisión y medios de comunicación, sino también “la perspectiva de los tomadores de decisiones, para reforzar la capacidad del Estado en su rol de información a la población».

OFICINA DE COMUNICACIONES