La Comisión de Trabajo -que preside Isabel Cortez Aguirre (JP)- aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que fija los criterios para evaluar y reajustar anualmente la Remuneración Mínima Vital (RMV) en la actividad privada, y en donde laboran más de tres millones de trabajadores.

La propuesta de ley plantea que cada año corresponderá al Poder Ejecutivo dictar el decreto supremo que fijará el sueldo mínimo -que hoy es de 930 soles- con la participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores.

Los criterios que deberá tenerse en cuenta para el reajuste de la RMV comprende la pérdida del poder adquisitivo (inflación), el costo de vida (canasta básica familiar), las necesidades de los trabajadores, los niveles de productividad y las proyecciones del marco macroeconómico multianual.

La proposición legal estipula que en el tercer trimestre de cada año las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores presentarán, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), sus correspondientes propuestas para el reajuste de la RMV.

La autora de la iniciativa, María Agüero Gutiérrez (PL), dijo que «toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social», expresó.

Por otro lado, el grupo de trabajo aprobó, por unanimidad, el proyecto de ley que propone modificar el artículo 10 de la Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud. Esta iniciativa establece la cobertura inmediata a la mujer gestante afiliada al Sistema de Seguridad Social de EsSalud.

La propuesta incorpora en el artículo 10 que: en caso la afiliada o el derechohabiente se encuentre en estado de gestación, el derecho a cobertura se otorgará de forma inmediata luego de su afiliación.

Antes el legislador Juan Burgos Oliveros de Avanza País, sustentó su iniciativa legislativa que plantea reconocer el derecho de acceso a la salud a los afiliados al sistema nacional de pensiones de 65 años que acrediten aportes entre cinco a diez años a la Oficina de Normalización Previsional, siempre que no hayan accedido a una pensión regulada por el Decreto Ley 19990.

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