Dos de los integrantes el grupo de trabajo, los congresistas Justiniano Apaza (DD) y Julio Gagó (FP) se encargaron de defender la iniciativa señalando que existe la necesidad de velar por la autonomía del Pleno del Congreso y actuar con justicia.

Indicaron que los trabajadores del sector privado y los del régimen público sometidos al régimen laboral de la actividad privada tienen iguales derechos. Llevado al voto por el titular de la comisión, Rolando Reátegui (FP), los parlamentarios decidieron insistir en la propuesta.

De otro lado, durante la sesión, los congresistas escucharon el informe del viceministro de Recursos para la Defensa, Julio Enrique de la Puente de la Borda, y del Comandante General del Ejercito General de División, Carlos Enrique Vergara Ciapciak, sobre diversos temas, entre ellos el pago de beneficios laborales y de lineamientos de la política de gestión hospitalaria.

Asimismo, sobre la implementación del Plan Nacional de Fortalecimiento del primer nivel de atención para el financiamiento de la infraestructura del Centro de Salud Militar-Rímac.

Ninguna de las afirmaciones de los representantes del ministerio de Defensa satisfizo a los congresistas, quienes demandaron la presencia del titular del sector tras reclamar soluciones a los problemas planteados.

Vergara Ciapiak, quien se hizo cargo de la sustentación, indicó que se había gestionado y cancelado el pago en las planillas de noviembre a 248 servidores de la salud, no procesadas en setiembre.

Dijo que los lineamientos de política del Ministerio de Salud son cumplidos por el Ejército, con las particularidades y características propias de su misión.

El congresista Segundo Tapia (FP) llamó la atención por la falta de pago de guardias hospitalarias y demandó un estudio técnico. El congresista Apaza consideró que el informe no satisfizo a los miembros de la comisión porque se trataron los temas en forma muy general y que quien debió responder fue el titular del ramo.

Más adelante, el superintendente nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), Carlos Benites Saravia, informó sobre las acciones realizadas frente al desalojo del que fueron objeto por parte del Poder Judicial, la falta de presupuesto institucional, y la situación laboral de los inspectores de trabajo, entre otros temas.

El funcionario dijo que se utilizará un recurso que había destinado para un proyecto postergado de ascenso de inspectores auxiliares a inspectores de Trabajo, para alquilar un nuevo local.
De igual manera, se refirió al presupuesto del 2016 que ha solicitado ese sector, que será sustentado ante la Comisión de Presupuesto, y que alcanza los 154 millones 56 mil 318 soles para permitir la creación de diez nuevas intendencias regionales e incorporar a 150 nuevos inspectores.

TRABAJO ESCLAVIZANTE
Finalmente, el congresista Roberto Angulo (DD) demandó la presencia del ministro de Trabajo para que explique sobre un denominado ‘contrato de trabajo intermitente’ que plantea, entre otros aspectos, que la relación laboral puede suspenderse de manera total o parcial por falta de campos preparados para la cosecha, por razones climáticas, plaga, por faltad e materia prima u otros.

“Esto es inadmisible. Se trata de contratos esclavizantes”, expreso el congresista Angulo Álvarez. Señaló, además, que el titular del pliego deberá además explicar por qué los campesinos, los trabajadores del campo, están sometidos a una sustracción del 13% de su salario por concepto de aporte obligatorio a una AFP o a la ONP, utilizando una arbitraria interpretación de la Ley N° 27360.

Dijo que, sin embargo, cuando se trata de trabajadores e la micro empresa, los aportes de al sistema de pensiones es optativo. MED