La Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad, presidida por el diputado Arturo Alegría García (Fuerza Popular), acordó citar a ministros y funcionarios para que expliquen los alcances del convenio de evaluación técnica del potencial gasífero en la zona del Parque Nacional Bahuaja Sonene (entre las regiones de Madre de Dios y Puno), ante las preocupaciones sobre la protección de su biodiversidad.

El acuerdo comprende al ministro de Energía y Minas, al ministro del Ambiente y a representantes del Sernanp, Petroperú y del Instituto Geofísico del Perú, quienes deberán informar sobre el alcance de esta evaluación.

La diputada Nora Llaque Linares (Partido del Buen Gobierno), quien formuló el pedido, reiteró la necesidad de contar con una copia del convenio y de las opiniones técnicas emitidas por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. En su intervención, también solicitó la presencia del presidente del directorio de Petroperú.

La legisladora sostuvo que la evaluación de estas áreas, cuyo potencial estimó en 10,3 trillones de pies cúbicos de gas natural, exige especial atención por su relación con la biodiversidad y las áreas naturales protegidas.

En esa misma línea, la diputada Haydee Poma Huamaní (Juntos por el Perú) solicitó priorizar las invitaciones al ministro de Energía y Minas, al Sernanp y a Perupetro para informar sobre el convenio de evaluación del gas en el Santuario Nacional de Candamo, en la zona del Parque Nacional Bahuaja Sonene, en Tambopata.

Asimismo, pidió reiterar al Gobierno Regional de Madre de Dios la entrega de información completa sobre su estrategia de remediación de áreas degradadas y el saneamiento físico-legal de los predios a su cargo. Solicitó que se precisen las metas, el cronograma, el presupuesto y los avances, así como los casos de superposición de derechos, en un plazo de 15 días hábiles.

FISCALIZACIÓN EN SALAVERRY Y MOCHE

Nora Llaque Linares también solicitó citar al jefe de la Oficina General de Asuntos Socioambientales del Ministerio del Ambiente para conocer los resultados concretos del trabajo frente a la contaminación generada por las actividades carboníferas en Salaverry y Moche, en La Libertad.

Además, requirió la presencia del funcionario competente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para explicar los mecanismos de supervisión ambiental del terminal portuario concesionado a STI. Cuestionó que la propia empresa contrate el laboratorio y determine las fechas de monitoreo, y pidió conocer cómo se garantiza la independencia de los resultados.

También solicitó citar a la presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) para informar sobre los instrumentos de gestión ambiental del puerto de Salaverry y el manejo del carbón.

PROPUESTA PARA OBRAS SIN CERTIFICACIÓN AMBIENTAL

Durante la sesión, la diputada Marleny Arminta Valencia (Ahora Nación) sustentó la Proposición Legislativa N° 00584-2026-2031-CD, de su autoría, que plantea la “Ley de destrabe sostenible de proyectos de inversión ejecutados y saneamiento de pasivos ambientales”.

Explicó que la iniciativa propone un instrumento de gestión ambiental correctivo, excepcional y por única vez, para obras ejecutadas en los últimos cinco años que carecen de certificación ambiental. Su finalidad es permitir su aprovechamiento por la población y asegurar la remediación de los impactos ocasionados.

Precisó que la propuesta contempla una evaluación del daño ambiental, garantías financieras, sanciones y participación ciudadana. Añadió que no exime de responsabilidades administrativas, civiles o penales ni suspende la fiscalización ambiental, y excluye áreas naturales protegidas y otros ecosistemas sensibles.

TRANSPORTE Y CALIDAD DEL AIRE

Finalmente, el presidente del Consejo Directivo de la Asociación Automotriz del Perú, Karsten Kunckel Saamer, presentó un diagnóstico sobre el parque automotor, la calidad del aire y la movilidad urbana.

Advirtió sobre los costos económicos y ambientales de la congestión y del uso de vehículos antiguos. Planteó fortalecer las inspecciones técnicas, impulsar el retiro de unidades obsoletas, renovar el transporte público y promover vehículos eléctricos y de bajas emisiones, junto con una fiscalización efectiva y mejoras en la infraestructura vial.

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