La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, presidida por el senador Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular), aprobó por unanimidad, con siete votos a favor, el dictamen de la Proposición Legislativa 00013-2026-2031-S, que plantea delegar en el Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y atención del fenómeno de El Niño.

Durante la sesión, el grupo de trabajo aprobó primero, por unanimidad, las 20 materias de la Proposición Legislativa 00098/2026-2031-CD, remitida por la Cámara de Diputados. Posteriormente, incorporó siete puntos adicionales al texto sustitutorio, orientados a reforzar la lucha contra la criminalidad, la seguridad penitenciaria, el sistema de inteligencia y la ejecución de infraestructura priorizada.

La aprobación comprendió el artículo 1, que establece un plazo de 90 días calendario para legislar sobre las materias delegadas, las cuatro disposiciones complementarias finales y los demás extremos del dictamen.

MEDIDAS CONTRA LA CRIMINALIDAD

Entre las incorporaciones figura la regulación de la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, conforme al marco constitucional vigente.

Asimismo, se contempla precisar los supuestos excepcionales de intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú frente a organizaciones criminales y otras amenazas graves que afecten el orden interno, cuando la capacidad policial haya sido sobrepasada o exista un riesgo cierto de que ello ocurra. Esta intervención tendrá carácter temporal, subsidiario y territorialmente delimitado, con reglas sobre el empleo y uso de la fuerza, sin sustituir las funciones constitucionales de la institución policial.

Otra de las materias incorporadas propone regular la libertad vigilada postpenitenciaria para los delitos de sicariato, extorsión y casos de organizaciones criminales que atenten contra la seguridad ciudadana. La medida incluye la creación de un registro bajo responsabilidad del Poder Ejecutivo, con el propósito de prevenir la reincidencia y la continuidad delictiva, sin afectar los derechos fundamentales.

También se plantea establecer criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para alcanzar fines económicos o patrimoniales, empleen técnicas utilizadas por el terrorismo o análogas, como atentados con explosivos o armas que provoquen zozobra, alarma o temor en la población.

Para estas organizaciones se prevé aplicar, en lo pertinente, técnicas especiales de investigación, medidas sobre bienes y activos, disposiciones de ejecución penal y mecanismos de cooperación internacional previstos para el terrorismo, con control judicial, revisión periódica y derecho de defensa, sin modificar la tipificación de ese delito.

LEGÍTIMA DEFENSA E INTELIGENCIA

El texto incorpora una modificación del Código Penal para establecer una presunción, que admite prueba en contrario, de actuación racional y válida de quien ejerce la legítima defensa frente a una agresión. Toda resolución judicial que descarte dicha presunción deberá contar con motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, respetando la presunción de inocencia y la carga de la prueba que corresponde al Ministerio Público.

En materia de inteligencia, se propone fortalecer la coordinación e interoperabilidad de los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, así como la producción, intercambio y análisis de información frente a amenazas a la seguridad nacional y la criminalidad organizada. La propuesta comprende la especialización e integridad del personal y los mecanismos de control, supervisión y rendición de cuentas a través de la Comisión de Inteligencia del Senado.

La séptima incorporación contempla simplificar procedimientos administrativos vinculados exclusivamente con proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios. La simplificación deberá identificar expresamente los procedimientos comprendidos y mantener las obligaciones ambientales, de seguridad y de protección del patrimonio cultural.

Durante la revisión, se informó también que se eliminó el literal c) del numeral 2.15 del texto de la Cámara de Diputados, referido a crear la carrera del servidor público para centros de rehabilitación juvenil, por no haber sido solicitada por el Poder Ejecutivo.

PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y PREVENCIÓN

Mesía Ramírez afirmó que enfrentar la inseguridad exige una respuesta responsable del Estado para proteger a comerciantes, transportistas y familias. Subrayó que esta tarea trasciende las diferencias políticas y requiere herramientas eficaces, con pleno respeto de los derechos y las libertades constitucionales.

Destacó las medidas para combatir la extorsión y el sicariato, fortalecer el control migratorio y de armas, bloquear las comunicaciones ilícitas desde los penales y mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y los órganos de justicia.

Respecto del fenómeno de El Niño, sostuvo que el Estado debe actuar antes de que las emergencias destruyan viviendas, caminos y cultivos. En ese sentido, resaltó las propuestas para agilizar la ayuda humanitaria, apoyar a los agricultores y facilitar las obras de prevención, rehabilitación de infraestructura y recuperación de servicios básicos, con transparencia y fiscalización.

Por su parte, el senador Daniel Barragán Coloma (Partido Cívico Obras) señaló que las discrepancias sobre la interpretación del Reglamento no deben impedir la atención de la inseguridad ciudadana y las consecuencias del fenómeno de El Niño.

El dictamen aprobado pasará al Pleno del Senado de la República.

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