Quedó hoy al voto en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la opinión que le fuera solicitada por la Comisión de Constitución y Reglamento a fin de que aquella se pronuncie sobre el pedido del Poder Ejecutivo para que se le otorgue facultades a fin de legislar en materia penal y penitenciaria por espacio de 120 días.

La decisión la aprobaron por unanimidad después de una cuestión previa planteada por el congresista Juan Gonzales Ardiles (FP) y de que la ministra de Justicia y Derechos Humanos, María Soledad Pérez Tello, sustentara hoy lunes 19, ante esa Comisión, la solicitud del Poder Ejecutivo con ese propósito.

La opinión solicitada será votada este martes 20, en sesión ordinaria de la Comisión que preside el congresista Salvador Heresi Chicoma (PPK).

A la sesión también acudieron a informar Sergio Espinosa Chiroque, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Superintendencia de Banca y Seguros; y Percy Velarde, director general de Hidrocarburos, en representación del ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo Flores. Ellos se refirieron a temas puntuales considerados en el pedido de las facultades legislativas.

En el debate de los parlamentarios, quienes formularon alcances y preguntas precisas para aclarar algunos puntos de la solicitud gubernamental, se consideró positivo que los representantes del Ejecutivo acudiesen a fundamentar esos pedidos ante el Congreso. No hubo objeciones al planteamiento esbozado por la ministra.

 OPINIÓN SOLICITADA

En la oportunidad, la ministra Pérez Tello se refirió a la necesidad de legislar en materia de seguridad ciudadana a fin de establecer precisiones y modificaciones normativas a la legislación penal, procesal, penal y de ejecución penal, en particular en lo que respecta a beneficios penitenciarios y acumulación de penas, para contribuir con la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia contra las mujeres y hacia los integrantes del grupo familiar y las afectaciones a la infraestructura e instalaciones de hidrocarburos, como es el caso del Oleoducto Nor Peruano.

Aludió también a seis propuestas legislativas para declarar en emergencia y reestructurar el sistema nacional penitenciario en lo que respecta a su organización, infraestructura y administración, incluyendo revisar el marco normativo para la inversión en infraestructura, administración, tratamiento y seguridad penitenciaria.     

Asimismo, reestructurar la policía penitenciaria, optimizar los procedimientos de extracción y traslado de condenados, y modificar los procedimientos y las normas sobre tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal y mecánicas alternativas para el cumplimiento de penas en general.

En materia de lucha contra la corrupción, Pérez Tello habló de la necesidad de crear la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que garantice el derecho al acceso oportuno y transparente así como la protección de los datos personales. Ello, modificando el marco normativo de la actual Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. 

A su vez, el superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera, Sergio Espinosa Chiroque, opinó sobre las propuestas del Poder Ejecutivo en materia de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA

El director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Percy Velarde, explicó sobre los daños causados a la infraestructura e instalaciones de hidrocarburos como el caso del Oleoducto Nor Peruano. Igualmente, sobre las sanciones enérgicas que se propone para sus responsables. Dijo que, al parecer, las roturas las hacen personas interesadas en sustraer  el hidrocarburo para luego procesarlo en forma artesanal, con serios riesgos para la vida de sus manipuladores y la consiguiente contaminación del medio ambiente.

En sus respuestas a los legisladores, la ministra Pérez afirmó que sí hay propuestas planteadas por el Poder Judicial y el Ministerio Público, que el Poder Ejecutivo las iba a proponer al Congreso en su oportunidad. Indicó que hay algunas que tienen carácter de reforma constitucional.

En respuesta a una consulta del congresista Yónhy Lescano Ancieta (AP), afirmó que el Gobierno no ha planteado realizar la reforma del Código Penal. Lescano había señalado que esa tarea le correspondía, en todo caso, al Parlamento y no al Poder Ejecutivo.

“Sí se ha planteado algunas modificaciones, y sobre ello presentaremos un avance, conforme lo ha solicitado el congresista Salvador Heresi” (presidente de la Comisión), expresó la ministra.

La congresista Sonia Echevarría Huamán (FP) respaldó la idea de que corresponde al Poder Legislativo la tarea de una reforma del Código Penal.

La ministra también coincidió con el legislador Mauricio Mulder Bedoya (CPA), en el sentido de que resulta una buena práctica y un buen precedente que el Poder Ejecutivo sustente ante el Congreso el pedido de facultades legislativas. Mulder había señalado, en su momento, que de esa manera se evitaría leyes sorpresas al momento de debatirse los temas en el Pleno del Congreso.

Y ante una consulta precisa del legislador Víctor Álbrecht Rodríguez (FP), la ministra confirmó que el nuevo jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) es Carlos Zoe Vásquez, en reemplazo de Julio César Magán.

Ello fue al referirse a la situación caótica que se advierte en los penales del país y a la urgencia de bloquear los teléfonos celulares con los cuales se opera desde el propio interior de los centros de reclusión para cometer delitos en  la sociedad. (JTR).

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