La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside el congresista Flavio Cruz Mamani (bancada PL), aprobó este miércoles, por mayoría, el dictamen que plantea modificar el Código Penal para incorporar nuevos supuestos de estafa agravada y falsedad genérica agravada.

El grupo de trabajo respaldó, con 18 votos a favor, ninguno en contra y 1 abstención, el texto sustitutorio recaído en los proyectos de ley 04097/2022-CR, 06366/2023-CR, y otros.

La iniciativa busca sancionar con mayor severidad las estafas cometidas mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o medios electrónicos de difusión masiva. Asimismo, incorpora como agravante el abuso de confianza derivado de una actividad profesional o empresarial.

Según el texto aprobado, la pena para estos casos de estafa agravada será no menor de cuatro ni mayor de ocho años de prisión, además de 90 a 200 días-multa.

Además, el dictamen incorpora sanciones para quienes otorguen, expidan u ofrezcan certificados, diplomas u otras constancias que atribuyan grados académicos, títulos profesionales o niveles de especialización sin que el beneficiario haya realizado los estudios correspondientes. En esos casos, la pena será no menor de tres ni mayor de cinco años de cárcel.

Es importante señalar que la propuesta responde al incremento de modalidades de fraude que emplean herramientas tecnológicas, suplantación, manipulación y anonimato digital, lo que dificulta la identificación de los responsables y genera afectaciones patrimoniales a los ciudadanos.

DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

En otro momento, la Comisión de Justicia aprobó, por mayoría, el dictamen recaído en los proyectos de ley 1724/2021-CR, 2561/2021-PE, 2855/2022-CR, entre otros, vinculados a la modificación del Decreto Legislativo 1326, norma que regula el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General del Estado.

El dictamen, aprobado con 13 votos a favor y 2 abstenciones, busca fortalecer la defensa jurídica estatal mediante cambios en las funciones de la Procuraduría General del Estado, el proceso de selección de procuradores públicos, la evaluación de desempeño y la designación de procuradores provisionales.

La iniciativa modifica diversos artículos del Decreto Legislativo 1326 e incorpora nuevas reglas para la actuación de los procuradores públicos. Entre los cambios principales, la propuesta establece que los procuradores ejercerán funciones por un periodo de cinco años, con posibilidad de ratificación por única vez, previa evaluación de desempeño.

Asimismo, el dictamen crea la figura de los procuradores públicos provisionales, quienes podrán ser designados por el procurador general del Estado, a propuesta del titular de la entidad, cuando una institución regional o municipal no cuente con procurador titular. La designación provisional tendrá un plazo máximo de dos años improrrogables o culminará cuando se cubra la plaza con un titular.

Durante el debate, el congresista Alejandro Muñante (bancada RP) observó la primera disposición complementaria transitoria, referida a la designación de un nuevo Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. El parlamentario sostuvo que esa medida podría afectar la estabilidad institucional de la entidad.

Muñante señaló que la propuesta interrumpiría un mandato vigente de cinco años y advirtió que ello podría contradecir criterios del Tribunal Constitucional sobre la remoción de funcionarios con plazo fijo. Además, afirmó que la medida vulneraría el artículo 103 de la Constitución, al aplicar efectos sobre situaciones jurídicas ya consolidadas.

En esa línea, pidió retirar dicho extremo del dictamen por considerar que afectaría la autonomía del Ejecutivo, la seguridad jurídica y el debido proceso.

Por su parte, el congresista Alex Paredes (bancada SP) cuestionó la situación económica de los procuradores públicos provisionales. Sostuvo que muchos de ellos asumen una alta carga laboral sin una remuneración adecuada.

Además, el parlamentario invocó el principio de “igual trabajo, igual remuneración” y respaldó la revisión de la disposición vinculada al Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. El presidente de la comisión, Flavio Cruz, se sumó al pedido de revisión planteado durante el debate.

SIN RESPALDO

La Comisión de Justicia no aprobó la iniciativa recaída en los proyectos de ley 9616/2024-CR, 12276/2025-CR y 12316/2025-CR, que propone crear la Ley del Abogado Certificador. La propuesta obtuvo 15 votos en contra.

Ante ello, el congresista Víctor Cutipa (autor de la propuesta) solicitó una reconsideración de la votación, pedido que no fue respaldado (14 votos en contra y 5 votos a favor).

El texto sustitutorio planteaba otorgar facultades de certificación a abogados particulares que cumplieran requisitos específicos y se inscribieran en el Registro Nacional de Abogados Certificadores, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Durante el debate, el congresista Alejandro Muñante cuestionó la constitucionalidad de la propuesta. Señaló que los abogados defienden intereses particulares y, por ello, no tendrían la neutralidad necesaria para ejercer funciones de fe pública.

En defensa de la propuesta, el congresista Víctor Cutipa sostuvo que la iniciativa no elimina ni sustituye la función notarial. Precisó que el texto solo creaba una figura certificadora con límites expresos y rechazó que se configure un conflicto de intereses, debido a que el abogado certificador no podrá intervenir cuando tenga patrocinio, representación o interés directo o indirecto en el asunto.

Finalmente, la Comisión de Justicia no aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 12409/2025-CP y 13009/2025-CR, que proponía la Ley de la Abogacía Peruana.
La iniciativa recibió 6 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, por lo que no alcanzó el respaldo necesario para continuar su trámite en la comisión.

El texto planteaba establecer principios para el ejercicio de la abogacía, entre ellos la probidad, ética profesional, independencia, autonomía, capacidad, idoneidad, confidencialidad, respeto al Estado de derecho, defensa del sistema democrático y rechazo a la corrupción, la violencia y toda forma de autoritarismo.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL