El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren, anunció que los aportes de los congresistas expresados durante el debate del proyecto de nuevo Código Penal, realizado en horas de la tarde, serán redactados y alcanzados, a través de un texto sustitutorio, a sus respectivos correos personales el próximo lunes 9. El debate concluyó a las 8 de la noche, luego de lo cual Eguren pidió a la presidencia un cuarto intermedio para elaborar la nueva redacción de los artículos. Resumiendo los alcances al proyecto del nuevo código, el titular de la comisión dijo que hay dos temas fundamentales que se tienen que recuperar en el país: el principio de autoridad y el respeto y valorización del honor de las personas, que para algunas, es el único patrimonio que tienen. Inmediatamente después informó que se han recogido las observaciones de los congresistas a artículos del proyecto de Código Penal, entre ellos la vigilancia electrónica (que no califica como delito grave). Anunció que se penará la venta de medicamentos vencidos, el delito de falsa declaración en el fuero parlamentario, el tráfico ilegal de insumos agrarios prohibidos. Asimismo, se aumentarán y reducirán las penas, según sea el caso, en los delitos de acoso sexual (sin la intervención de un tercero), proxenetismo y prostitución infantil, terrorismo, la utilización de menores de edad en los reglajes y marcajes, así como el abandono de personas en peligro.
EL DEBATE Momentos antes, intervinieron congresistas de diversas bancadas, entre ellos Verónika Mendoza: recordó que ella presentó en la Comisión de Justicia un dictamen en minoría para que se despenalice el aborto en caso de violación. El delito de violación, dijo, es similar al de la tortura y el trato degradante; cientos de mujeres siguen poniendo en riesgo sus vidas al verse obligadas a abortar en forma clandestina porque sobre la violación que sufre, es sujeta luego a recibir penas privativas de su libertad. La violación es el tercer delito en Lima y Callao. En el país, el año 2014 se recibieron 19 mil denuncias por violación sexual. De 5 727 casos de jóvenes violadas, el 37% de ellas quedaron embarazadas en un rango de edades de 10 a 19 años; sin embargo en la propuesta que se discute, afirmó la parlamentaria, se propone el aumento de penas a las víctimas de la violación a contracorriente de lo que es la tendencia mundial. No es posible que el violador reciba penas menores a aquellos que cometen delitos de robo, puntualizó. Mendoza solicitó que cuando se ponga a votación el nuevo Código Penal, el punto relacionado al aborto en caso de violación se haga por separado para que pueda ‘visibilizarse’ a las personas que sí apoyan a las víctimas de violación. Por su parte, la legisladora Martha Chávez solicitó un mayor equilibrio entre los delitos y las penas que le correspondan. No es posible – dijo – que las penas sean mayores en caso de abandono a un animal que el abandono de un menor al que se le expone a peligro. Asimismo, Chávez Cossío condenó la ‘utilización’ de los casos de violación a menores, quienes, dijo, en todo caso no son punibles de sanciones debido precisamente a su edad. “Las menores sometidas a aborto no están comprendidas en el Código Penal”, explicó y aclaró que el niño que la gestante lleva en su vientre tiene una carga genética distinta al de la madre, por lo tanto no es una extensión del cuerpo de esta. Sobre el tema de la figura delictiva de ‘difamación’, los legisladores Mendoza Frisch y Heriberto Benítez manifestaron su preocupación porque las penas propuestas se agravan de tres a cinco años, también a contracorriente de la tendencia mundial que es la despenalización. Existe la vía de rectificación y reparación económica, dijo al tiempo de solidarizarse con los periodistas León y Valencia sentenciados recientemente. A su vez, el legislador Juan Pari Choquecota observó que en la propuesta que se discute no se haya considerado la figura de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Esta figura se viene discutiendo desde el 2001, pero sucesivamente no ha habido la intención de discutirla y aprobarla con seriedad, dijo. “Se dice que esta figura delictiva no se puede contemplar en el nuevo Cógigo Penal, yo sostengo que sí, se debe duplicar las penas para los funcionarios públicos que cometan sobornos, coimas, tráfico de influencias, que son elementos de corrupción, el Congreso debe incluirlo”, dijo. Son 15 años que esta iniciativa ‘merodea’ sin que se le lleve a la práctica real y eso constituye una irresponsabilidad, dijo. Por su parte, el congresista Roberto Angulo observó que el código que se propone no contemple la prescripción para los delitos de corrupción de los funcionarios que debieran estar al servicio de los ciudadanos. Pidió aumentar el tiempo de 10 años a 20 o 30 años el plazo que no les permita regresar a la función pública.
PRENSA CONGRESO
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