La Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Flor Meza Rivera (Fuerza Popular), aprobó por unanimidad, con 18 votos a favor, la creación de cuatro grupos de trabajo destinados a analizar problemáticas específicas de alcance nacional.

Durante la segunda sesión ordinaria, la presidenta de la comisión recordó que el artículo 133 del Reglamento de la Cámara de Diputados faculta a las comisiones ordinarias a crear grupos de trabajo en su interior para el tratamiento de temas específicos, los cuales deben estar integrados exclusivamente por miembros titulares de la comisión.

Asimismo, explicó que estos grupos tienen un plazo de 30 días hábiles para desarrollar sus labores, prorrogable de acuerdo con la naturaleza del trabajo, y que sus conclusiones deberán ser recogidas en un informe que será presentado a la presidencia de la comisión y posteriormente sometido a consideración del pleno del colegiado.

Los grupos de trabajo aprobados son los siguientes:

* Grupo de trabajo para la evaluación del impacto de los programas sociales en la Amazonía y la formulación de propuestas de intervención adaptadas a la realidad amazónica, solicitado por la diputada Nary Pinasco Montenegro (Fuerza Popular).
* Grupo de trabajo encargado de abordar las brechas que afectan a las personas con discapacidad, solicitado por la diputada Jessica Benítez Barrionuevo (Partido del Buen Gobierno).
* Grupo de trabajo para revisar la problemática de las víctimas en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, solicitado por la diputada Pilar Sulca Castillo (Juntos por el Perú).
* Grupo de trabajo sobre primera infancia y lucha contra la anemia, solicitado por el diputado Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno).

La votación se realizó de manera individual para cada grupo de trabajo y su conformación fue aprobada con cargo a redacción.

Ministra de la Mujer expuso política general de su sector

Como primer punto de la agenda, la comisión recibió a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario Marón, quien expuso los principales lineamientos de la política general de su sector. La funcionaria estuvo acompañada por la viceministra de la Mujer, Erika Valdivieso López, y el viceministro de Poblaciones Vulnerables, Juan Carlos Pasco Herrera.

Durante su intervención, la ministra invitó a los integrantes de la comisión a participar, el martes 15 de setiembre, a las 8:00 a. m., en una reunión en las instalaciones de su ministerio, en la que se presentarán cuatro acuerdos adoptados por la Comisión de Alto Nivel del Poder Ejecutivo respecto del caso de las niñas víctimas de violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

Seminario Marón informó que asumió la conducción de un ministerio que cuenta con 602 centros de atención distribuidos en 24 regiones y 11 960 trabajadores, de los cuales 9 777 pertenecen al régimen de planilla y el resto presta servicios bajo la modalidad de locación.

Precisó que el sector dispone de un presupuesto de aproximadamente S/ 1 100 millones, sin considerar al Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), que constituye un pliego presupuestal propio.

La ministra señaló que el 98,7 % del presupuesto corresponde a gasto corriente, situación que, según explicó, ha limitado la posibilidad de ampliar la infraestructura del sector.

“Hemos aprendido en estos 40 días que el tema del abandono de los niños y adultos mayores con discapacidad mental es brutal. Estamos trabajando para tener los CAR (Centros de Acogida Residencial) especializados”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que será necesario recomponer la estructura presupuestal para incrementar la inversión en infraestructura y mejorar la atención de las poblaciones vulnerables.

Entre los principales retos de su gestión, la ministra destacó la necesidad de abordar cerca de 600 mil casos de violencia que permanecen sin sentencia.

“Para eso estamos instituyendo un grupo de abogados con especialidad en derecho penal. No vamos a cerrar todos. Es probable que muchos hayan prescrito. Queremos demostrar que el tema de nosotros no es solo atender, sino encontrar la verdadera sentencia para los que delinquen”, afirmó.

La titular del sector sostuvo que su gestión busca fortalecer no solo la atención a las víctimas, sino también el seguimiento de los casos y el acceso efectivo a la justicia.

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