La Comisión de Fiscalización y Contraloría pedirá este jueves al Pleno del Congreso que se le otorgue facultades de comisión investigadora en el caso de presunto reglaje a políticos y periodistas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, por parte de funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Así lo acordó en forma unánime después de escuchar las versiones de funcionarios que formaron parte de los chats donde recibían directivas de su jefe inmediato y enviaban información sobre el ingreso y salida de personajes políticos y públicos.

Fue la congresista Martha Moyano Delgado (FP) quien planteó la propuesta con la finalidad de indagar a profundidad sobre lo que se inició con denuncias periodísticas de un medio televisivo nacional.

Durante más de cuatro horas, el grupo de trabajo legislativo, encabezado por el congresista Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), entrevistó a tres funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones vinculados al caso, quienes coincidieron en sindicar a Jane Jansson de Ramírez, jefe zonal del Callao, como la responsable de las directivas.

Asimismo, indicaron no saber los motivos para tener que informar sobre la salida y entrada de políticos en tiempos de campaña electoral y que se envíen fotos de su pasaporte, en función de las exigencias de Jansson de Ramírez.

La primera en ser abordada fue Lita Patricia Orrego Alcalá de Acosta, exjefa del puesto de control migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, quien afirmó no haber sido parte de los subgrupos de chat, solo el institucional.

Siguieron después los inspectores Rosa Elena Portocarrero Linares y Yoni Dante Matta Peña, quienes afirmaron haber sido parte del chat en los que recibían las directivas específicas sobre las alertas de la presencia de los personajes públicos.

Matta Peña refirió que después de una llamada de atención por no haberse percatado del viaje del entonces candidato presidencial George Forsyth a Miami, se les pidió que informaran del destino de los viajeros.

Así también señaló que no existía ninguna lista de personas a las cuales hacer seguimiento, solo la recomendación de que revisaran el Google para identificar a los políticos y personajes públicos conocidos.

Indicó que solo se les refería que las órdenes provenían de “los jefes”, pero no los identificó, porque dijo desconocer a quienes se refería Jasson de Ramírez.

Los congresistas Moyano Delgado y Alfredo Azurín Loayza (SP-PM) inquirieron sobre detalles de la forma cómo realizaban el trabajo encargado, sus funciones, su participación en el chat, entre otros.

Por su parte, el congresista Ernesto Bustamante Donayre (FP) aseveró que lo que se había dado en el primer terminal aéreo, evidenciado por los chats, es una práctica ilegal en los Estados Unidos, de lo que se llama en español “uso de perfiles”.

“Es un delito que afecta la libertad individual y los derechos humanos. Este procedimiento no es por celo en el trabajo del control migratorio, hay algo más y eso es lo que tienen que responder sus jefes superiores”, manifestó.

Aguinaga Recuenco recordó que Janssen de Ramírez no quiso responder a las interrogantes de la comisión cuando la invitaron hace unos días, argumentando que el caso está judicializado.

Fue entonces que la congresista Moyano Delgado planteó pedir facultades de comisión investigadora para realizar sus pesquisas, y competencias para limitar los derechos al secreto bancario, a la reserva tributaria y al secreto de las comunicaciones.

Habida cuenta de la existencia de una moción en ese sentido, firmada por parlamentarios de diferentes bancadas, corresponderá al congresista Aguinaga Recuenco, titular de la comisión, quien dijo que hará lo propio este jueves 11.

NO CONVENCIÓ

De otro lado, los argumentos expuestos por el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, en torno al alquiler de un inmueble para la institución en San Isidro por más de tres y medio millones de soles en tres años no convencieron a los integrantes de la comisión.

Los legisladores Luis Picón Quedo (APP), Susel Paredes Piqué (SP-PM), Guido Bellido Ugarte (PL), Elías Varas Meléndez (PL) y Jorge Morante Figari (FP) coincidieron en cuestionar el referido inmueble, mediante adjudicación directa.

El titular de la comisión, Aguinaga Recuenco, llamó la atención del uso de recursos públicos en un alquiler tan alto, sobre todo en momentos tan difíciles para el país y preguntó, al igual que Morante Figari, por qué no se buscó un inmueble entre los incautados por el Estado.

A su turno, Soria Luján, quien estuvo acompañado del gerente general de la Procuraduría General, Martín Jim Mijichich Loli, dijo que la parte administrativa de la institución se encargó de hacer el estudio de mercado y se tomó en consideración las necesidades de la institución.
Afirmó que, dentro de un proceso que han iniciado, el inmueble servirá para reunir a las procuradurías públicas del país.

OFICINA DE COMUNICACIONES