COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN INVESTIGA SEIS DENUNCIAS DE CASOS DE CORRUPCIÓN

Centro de Noticias del Congreso

20 Ene 2016 | 13:18 h

La Comisión de Fiscalización y Contraloría, como grupo de trabajo con funciones de control político fundamentalmente, emprendió la investigación de seis denuncias respecto a igual número de presuntos actos de corrupción cometidos por altos funcionarios en agravio del Estado por varios millones de soles.

Dos de esas investigaciones cuentan con sendos informes finales que esperan ser debatidos y aprobados por el Pleno del Congreso de la República. Las investigaciones en marcha fueron  iniciadas durante la Primera Legislatura Ordinaria del Período Anual de Sesiones 2015-2016 que culminó el 15 de diciembre último.

El grupo de trabajo, que preside el congresista Gustado Rondón Fudinaga, concluyó dos investigaciones, la primera de las cuales recomienda denunciar penalmente ante el Ministerio Público al ex gobernador regional de Tumbes, Gerardo Viñas Dioses, y a los más altos funcionarios de su administración, todos los cuales se encuentrAn prófugos de la justicia.

A esas autoridades se les atribuye la presunta comisión de diversos delitos penales por más de 56 millones 288 mil soles, por desvío de fondos de los recursos provenientes del canon petrolero, sobrevaloración de obras y paralización indebida de ocho de ellas, cuyo plazo de ejecución estaban vencidos, pero por las cuales se pagó más de 409 millones de soles; además de otras irregularidades.

El segundo informe concluido y a la espera de su discusión por el Pleno se refiere a presuntas irregularidades cometidas por la administración del gobierno regional de Tacna, que se encuentra en la agenda del Pleno para su sustentación Y debate.

 

Investigaciones en marcha

La Comisión de Fiscalización ha culminado también la investigación emprendida, con facultades jurisdiccionales otorgadas por el Pleno, al gobierno regional de Loreto, cuyo informe final, con sus conclusiones y recomendaciones, fue sustentado por su titular, Gustavo Rondón, y se encuentra listo para su debate en una próxima sesión.

En el caso del GR de Arequipa, la investigación está centrada en la construcción del denominado ‘Puente Chilina’ y la carretera Arequipa-La Joya, y otros supuestos actos de corrupción.

De otro lado, continúa investigando, con facultades de comisión investigadora, la posible comisión de ilícitos en que podría haber incurrido la presidenta del Partido Nacionalista y esposa del Presidente de la República, Nadine Heredia, derivados del contenido de las agendas mencionadas, cuya propiedad se le atribuye.

Así mismo, las investigaciones en torno a un  presunto lavado de activos que habría cometido el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane, y otros funcionarios públicos y personas naturales y jurídicas.

Sobre este caso, el Pleno acordó otorgarle 90 días hábiles adicionales para que la Comisión profundice y amplíe sus indagaciones, teniendo en cuenta que la información obtenida hasta el momento resulta insuficiente y en algunos casos no han sido atendidas por las instituciones requeridas.

Por último, la Comisión inició sus indagaciones a diversas empresas peruanas que participaron consorciadas en las contrataciones hechas entre el Estado y empresas vinculadas al denominado caso ‘Lava jato’ y a los titulares de los comités de adjudicación de la buena pro de cada una de las obras concesionadas, y por las cuales se habrían cometido irregularidades.

Sin embargo, toda la documentación recabada fue derivada a la Comisión Especial Multipartidaria nombrada por el Pleno que se encargará de continuar las investigaciones a una decena de empresas, entre ellas Odebrecht, Camargo, Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, Queiroz Galvao, Engevix y JJC Contratistas generales, que han sido cuestionadas por presunto pago de coimas a los responsables de las adjudicaciones.

 

Labor legislativa

En cumplimiento de sus funciones legislativas, la Comisión de Fiscalización y Contraloría dejó al voto el proyecto de la ley de gestión pública de intereses en la administración pública, que, entre otras, propone sustituir el término inglés ‘lobbing’ o ‘cabildeo’ por el de ‘gestores de intereses’ (propios y de terceros, o gestor profesional), y establecer los requisitos que se requieren para ello.

Un segundo predictamen pendiente de aprobación es la proposición legislativa orientada a que el contralor general de la República tenga la obligación de sustentar ante el Pleno del Congreso un informe anual sobre su gestión..

 

Subcomisiones permanentes

Asimismo, en la legislatura pasada la Comisión acordó conformar tres grupo de trabajo, cada una con cinco integrantes, que se encargarán de fiscalizar los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras en los gobiernos regionales y gobiernos locales, y fiscalizar los programas sociales.

El primero de ellos, cuyo coordinador es el congresista Julio Gagó (FP), está encargado de investigar la presunta comisión de irregularidades denunciadas en los gobiernos regionales de Cajamarca, Loreto, Huánuco, Lima Provincias, Callao, Huancavelica y Ucayali.

Una de sus primeras investigaciones gira en torno a las obras de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en las 11 provincias de Cajamarca, que presentan un atraso de cuatro años y cuyo presupuesto inicial se ha incrementado en un 250 por ciento en ‘obras adicionales’.

El segundo grupo, que se encargará de fiscalizar a los gobiernos locales, lo encabeza Mariano Portugal (UR), y su primera tarea es investigar presuntos actos de corrupción cometidos en la Municipalidad Provincial de San Román, Puno, y presuntas irregularidades administrativas e indebido uso de recursos públicos cometidos por el alcalde local.

El tercer grupo supervisará los programas sociales y lo coordina Alejandro Aguinaga. (JVS)

 

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