La Comisión de Fiscalización y Contraloría decidirá si la empresaria Karelim López Arredondo pasará a la condición de investigada ante su negativa de responder hoy a las interrogantes planteadas por ese grupo de trabajo en el marco de las investigaciones del caso Sarratea.

Así lo anunció el presidente de la comisión, Héctor Ventura Angel (FP), antes de dar por concluida la participación, de manera virtual, de la empresaria, quien asistió en calidad de testigo junto a su abogado César Pérez Escobar.

“Queda a conocimiento de todo el país que la testigo Karelim López no pretende ayudar al desarrollo de esta investigación. Se valorará ese comportamiento. En su oportunidad, vamos a decidir si va ser convocada nuevamente en calidad de investigada”, dijo Ventura Ángel.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el legislador adelantó que si otros invitados se rehúsan a asistir a la Comisión de Fiscalización y Contraloría serán citados de grado o fuerza.

Al inicio de la sesión, López Arredondo justificó su decisión de no responder porque dijo estar sometida a tres investigaciones fiscales ante el Ministerio Público.

“Los hechos que son materia de investigación son idénticos o conexos a los que se siguen en el Ministerio Público en los que estoy participando. Por tal motivo, pido guardar silencio, en el ejercicio de mi derecho constitucional”, señaló.

Ante ello, Ventura Angel le insistió que está en la obligación jurídica y moral de ayudar a hacer una investigación correcta a fin de que los peruanos tengan conocimiento acerca de los presuntos hechos denunciados.

Entre las interrogantes que López Arredondo no quiso responder está sobre su profesión u oficio que ejerce, las propiedades que tiene a su nombre, su cuenta bancaria de 800 mil soles, según Panorama, y desde cuándo y cómo conoció al presidente de la República, Pedro Castillo.

Además, si participó o no en la juramentación simbólica del presidente de la República realizada en Huamanga, sus visitas a Palacio de Gobierno, quién coordinó y autorizó su ingreso, si conoce a Bruno Pacheco y si coordinó con él realizar reuniones de Navidad a favor de los niños de todo el país, entre otras interrogantes.

A su vez, el parlamentario Enrique Wong (PP) recordó que, según el artículo 371 del Código Penal, “el testigo que siendo legalmente requerido se abstiene a prestar declaraciones puede ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”.

OTROS TESTIGOS

En el marco de sus investigaciones por el caso de las reuniones a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, la Comisión de Fiscalización y Contraloría recibió de manera presencial a dos testigos más de este caso que fuera denunciado por programas dominicales.

En primer turno, se presentó Víctor Rony San Miguel Velásquez, representante legal del Consorcio Puente Tarata III, junto a su abogada Mary Roxana Aquino.

El citado negó conocer al presidente de la República, Pedro Castillo, la casa de Breña y tener relación amical o laboral con Karelim López.

También dijo no conocer a Fray Vásquez, sobrino del mandatario presidente, y a Arnulfo Bruno Pacheco, ni ha tenido comunicación con él.

Sobre la decisión de Provías de anular el contrato para la construcción del Puente Tarata, Víctor San Miguel dijo que desconoce si los socios del consorcio apelarán esa medida. “En principio no tengo conocimiento”, señaló.

En otro momento, se presentó Nelly Vargas Pasapera, sub gerente de Estudios de Provias Nacional.
Tras cuestionar la información periodística que denunció los hechos materia de investigación, manifestó no conocer al presidente de la República, a Karelim López ni a Bruno Pacheco.

También negó que algún funcionario se haya contactado con ella para solicitar apoyo a favor de Karelim López o del Consorcio Grupo Tarata III.

OFICINA DE COMUNICACIONES