La Comisión de Fiscalización y Contraloría, presidida por el congresista Juan Burgos Oliveros (PP), recibió a las funcionarias renunciantes de la Comisión Ad Hoc, como parte de la investigación para esclarecer presuntos ilícitos en la Oficina Legal y Constitucional del Poder Legislativo.

Durante la sesión, Patricia Durand Vásquez, extitular de dicho grupo de trabajo, explicó los motivos de su renuncia al indicar que identificó un vicio en el procedimiento.

Comunicó esta situación a Oficialía Mayor y recomendó la emisión de una nueva resolución para corregir el problema, lo que fue aceptado junto con su renuncia.

Durand también señaló que el proceso sancionador recae en la Oficina de Recursos Humanos y destacó la necesidad de subsanar errores administrativos para garantizar la transparencia y el cumplimiento normativo.

A su turno, la congresista Elizabeth Medina Hermosilla (BMCN) calificó de «circo mediático» las investigaciones derivadas de una denuncia periodística sobre una supuesta red de prostitución en el Congreso, la cual no ha presentado pruebas concretas.

Medina subrayó que, en lugar de enfocarse en acusaciones infundadas, se debería investigar las irregularidades en la contratación de personal parlamentario. Además, enfatizó que la muerte de una ex trabajadora del Parlamento debe ser investigada exclusivamente por el Ministerio Público.

El congresista Víctor Flores Ruiz (FP) también destacó la necesidad de profundizar las investigaciones con seriedad y responsabilidad, y evitar caer en especulaciones que afectan la imagen del Congreso.

El legislador rechazó los pedidos de censura contra el presidente del Congreso ante cada crisis y llamó a garantizar que los procesos de investigación se conduzcan dentro del marco legal y con un enfoque transparente.

Ambos legisladores coincidieron en que las investigaciones deben ser rigurosas y orientadas a la verdad, con el fin de proteger la institucionalidad del Parlamento y recuperar la confianza ciudadana.

OTROS INVITADOS

En la sesión, se presentaron también Alberto  Vásquez Romero, jefe del Área de Administración y Bienes del Congreso, quien fue consultado por la contratación de Isabel Cajo. Al respecto, alegó que desde su área no se elige ni recomienda a ningún personal.

Agregó que se da por notificado de que Isabel Cajo iba a ingresar al área, mediante un correo enviado por el departamento de Recursos Humanos y sobre el cambio de área que se le realizó, dijo no haber recibido ninguna explicación al respecto.

Seguidamente, se presentó Hugo Puente Vejarano, jefe del área de Asesoría Jurídica del Parlamento, quien informó que el área que lidera, soporta la mayor carga de trabajo, pues la Oficina Legal y Constitucional de acuerdo con Reglamento de Organización y Funciones, cumple labores de monitoreo y revisión.

“Es como un trabajo de control de calidad de lo que se hace en el área de Asesoría Jurídica”, sostuvo.

Agregó que, producto de esta rutina de trabajo, “hemos estado aislados de todo tipo de situaciones”. Ante la consulta sobre el aumento de personal en el área de Asesoría Legal, afirmó que sí hubo un incremento, pero en la actualidad existe personal que no ha sido renovado.

En tanto, Javier Galván Parodi, trabajador del área de Asesoría Jurídica del Congreso, sostuvo que no ha escuchado ningún comentario sobre una presunta “red de prostitución”. Además, negó cualquier contacto con Isabel Cajo, pues si bien se encontraban físicamente en el mismo edificio, ambos ocupaban ambientes diferentes.

Finalmente los invitados coincidieron en no haber participado de reuniones extra laborales con Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL