La Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside el congresista Édgar Alarcón (UPP), tendrá facultades de Comisión Investigadora para el caso de contratación de servicios del Ministerio de Cultura, desde el 2018 a la fecha, por el periodo de 45 días calendario, proceso que incluye a Richard Cisneros Carballido, conocido como “Richard Swing”.

En efecto, con votación de 128 votos a favor, en forma unánime, el Pleno se pronunció en lucha contra la corrupción y los actos cometidos, en particular, en un momento en que el país atraviesa por difíciles circunstancias de pandemia.

El titular de ese grupo de trabajo, Édgar Alarcón (UPP), dijo que las denuncias públicas, conocidas en los últimos días, ponen en evidencia que el gobierno estaría burlando la normativa existente para contratar a terceros en forma direccionada, favoreciendo compromisos políticos y subalternos frente al interés de la patria, en plena crisis sanitaria.

Antes, la aprobación de admisión al debate de la moción, registró 122 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones. Los votos en contra provinieron del Frente Amplio en consideración a que el titular de la comisión viene siendo investigado y podría más adelante objetarse los resultados de la investigación.

Sin embargo, más adelante, votaron a favor “de la moción en coincidencia “con la posición de la comisión, pero no de su presidente”.

Durante el debate, los parlamentarios coincidieron en la lucha contra la corrupción y en la necesidad de llegar a profundidad en las investigaciones. Así lo manifestaron Carolina Lizárrqaga (PM), José Vega (UPP), Diethell Columbus( FP) y María Retamozo (Frepap).

FACULTAD DE INVESTIGAR

De acuerdo al artículo 88 del Reglamento el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, promoviendo un procedimiento de investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos y la formulación de conclusiones y recomendaciones orientadas a corregir normas y políticas y/o sancionar la conducta de quienes resulten responsables,

En consecuencia, las autoridades, los funcionarios y servidores públicos y cualquier persona, están en la obligación de comparecer ante las Comisiones de Investigación y proporcionar a éstas las informaciones testimoniales y documentarias que requieran.

En ese sentido, pueden solicitar que el implicado sea conducido por la fuerza pública, cuando no comparezca el día y hora señalados o se resiste a exhibir o hacer entrega de documentos que tiene en su poder y son necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados

Asimismo, solicitar que se autorice el allanamiento de los domicilios y locales, para practicar incautación de libros, archivos, documentos y registros que guarden relación con el objeto de la investigación.

Lima, 4 de junio de 2020

PRENSA-CONGRESO