El Pleno del Congreso decidió, en forma unánime (123 votos a favor), ampliar por 45 días calendario el plazo para que la Comisión de Fiscalización y Contraloría, con facultades investigadoras, continúe sus indagaciones y cumpla con su plan de trabajo, que comprende la citación al presidente Martín Vizcarra y a 12 funcionarios y servidores vinculados al Poder Ejecutivo.

Fue después de escuchar el informe preliminar del presidente de ese grupo, Édgar Alarcón Tejada (UPP), quien hizo un esbozo de lo avanzado después de dos meses de trabajo sobre los contratos de los servicios efectuados por el Ministerio de Cultura, entre ellos, de Richard Cisneros Carvallido (conocido como Richard Swing).

Representantes de distintas bancadas respaldaron la labor cumplida por los integrantes de este grupo de trabajo y demandaron llegar “hasta las últimas consecuencias en la lucha contra la corrupción y la protección de los recursos del Estado”.

En ese sentido, se pronunciaron los legisladores Marcos Pichilingue Gómez (FP), Rubén Ramos Zapana (UPP), María Retamozo Lezama (Frepap), Rosario Paredes Izaguirre (AP); Aron Espinoza Rosales (PP), Guillermo Aliaga Pajares (SP), y otros.

Alarcón Tejada dijo que solo entre el 2016 y 2017, el Ministerio de Cultura habría “regalado” más de 31 millones de soles en la contratación de servicios a allegados del gobierno, personas que no tenían formación ni preparación.

Citó el caso de Cisneros Carvallido, de quien se ha variado su condición de invitado a investigado, por las evidencias presentadas y la situación demostrada.

En ese sentido, indicó que sin tener grados académicos, fue contratado desde el 2018 con órdenes de servicio por más de 175 mil soles, precisamente desde el que el mandatario asumió la dirección del gobierno.

“El que no tenga los méritos profesionales, nos hace suponer que se habría direccionado algunos procesos de locación, creados con nombre propio, en un aparente tráfico de influencias, entre otros ilícitos por determinarse”, manifestó.

Sostuvo que existe el agravante de que los hechos ocurrieron como resultado de una colusión de personas próximas, entre funcionarios y servidores, al presidente de la República, entre ellas Mirian Morales, secretaria general de Palacio de Gobierno.

Según el legislador, sería ella quien daría el visto bueno a la contratación de personas en distintos ministerios e instituciones públicas.

En virtud de las declaraciones conseguidas, se habría identificado que Morales Córdova sería quien apuraba las contrataciones, lo que implicó el pago de varias decenas de millones de soles.

“Dinero que se habría mal usado. Esta investigación ha abierto la puerta al descubrimiento de una mala administración, que con el cambio de directivas, perjudicaban al erario nacional para favorecer a los allegados de Vizcarra”, anotó Alarcón, tras indicar que con esos recursos se habría podido ayudar a las pymes afectadas por la pandemia.

Sostuvo que esa práctica no solo se aplicó en el Ministerio de Cultura, sino en todo el Poder Ejecutivo y que el Congreso tiene que investigar.

PRENSA-CONGRESO