La Comisión de Economía aprobó, por mayoría, la propuesta que plantea el reconocimiento de las empresas del sistema financiero como Buen Pagador a los deudores que hayan efectuado pagos puntuales de las cuotas pactadas por un período de seis meses consecutivos, previa solicitud de éstos.

Fue después de debatir el dictamen que comprende el proyecto de ley de autoría de la congresista Noelia Herrera Medina (RP), el que propone que las empresas del sistema financiero modificarán la calificación crediticia de los deudores reconocidos como buenos pagadores, a una de menor riesgo que aquella bajo la cual se le otorgo el crédito, y ajustan la tasa de interés aplicable a la nueva calificación crediticia.

Asimismo, señala que, si el deudor reconocido como buen pagador incurriera en atrasos mayores a ocho días calendario respecto del pago de las cuotas subsiguientes, perderá el reconocimiento otorgado.

En ese contexto es retornado a la calificación crediticia bajo la cual se le otorgo el crédito, ajustándose nuevamente la tasa de interés a dicha calificación crediticia.

Para ese efecto, la iniciativa plantea la modificación de la Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguro.

Los congresistas Carlos Anderson Ramírez (NA) y German Tacuri Valdivia (BMCN), consideraron innecesario aprobar una norma en ese sentido porque en la práctica ya se aplica y presentaron una cuestión previa para un mayor estudio y recepción de opiniones. Empero, por mayoría fue desestimada.

De otro lado, el grupo de trabajo legislativo, presidido por la congresista Silvia Monteza Facho (AP), también aprobó por mayoría el proyecto de ley que plantea una ley que modifica el artículo 61 de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

La medida, de acuerdo con la propuesta, mejorará la regulación del ISC, evitando acciones arbitrarias y sin sustento ni debate técnico asegurando el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica que rigen la legislación nacional.

A favor votaron 12 legisladores y en contra dos por la propuesta de la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas (Avanza País).

En otro momento de la sesión se aprobó en forma unánime la propuesta que plantea la creación del Registro Nacional de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPE) acreedoras del Estado, con la finalidad de contar con información actualizada y pública de las deudas vigentes y contingentes que mantienen las entidades del Estado con este sector.

De otro lado, a pedido de la presidencia, se dejó en cuarto intermedio el dictamen recaído en la iniciativa legislativa del congresista Luis Ángel Aragón Carreño (AP), que plantea una ley que impulsa la contratación de jóvenes en proyectos de inversión pública contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. La propuesta esperará la opinión del Ministerio de Trabajo.

Sobre el particular, la congresista Rosangella Barbarán Reyes (FP) la consideró importante porque es a favor de la población juvenil, la más afectada laboralmente, pero que implicaría iniciativa de gasto al Estado en lo que concierne a Essalud. Con esta opinión coincidió su colega de bancada Jorge Morante Figari.

Lo mismo ocurrió con el dictamen que recoge los proyectos de los congresistas Luis Flores Ancachi, y Silvia María Monteza Facho, ambos de la bancada de Acción Popular, que propone una ley que mejora la regulación que promueve el acceso al financiamiento a través de la provisión de liquidez con facturas o recibos por honorarios. El dictamen quedó en un cuarto intermedio para un mayor estudio a pedido del congresista Anderson Ramírez.

OFICINA DE COMUNICACIONES