La Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, que preside Ana Zegarra Saboya (SP), aprobó, por mayoría (20 votos a favor, cero votos en contra y 1 abstención), el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades para establecer precisiones sobre la dieta de regidores.

La propuesta legal se sustenta en los proyectos de ley 7598/2023-CR, 9282/2024-CR, 8206/2023-CR, 7500/2023-CR, 6894/2023-CR, 4437/2022-CR, 2874/2022-CR Y 1198/2021-GL; su dictamen fue aprobado por el Pleno del Congreso el 12 de diciembre del 2024, y fue observada por la presidenta de la república el 20 de enero último.

La autógrafa modifica el párrafo segundo del artículo 12 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para definir que el “monto de las dietas que perciben los regidores corresponde al 30 % de la remuneración mensual del alcalde”, se pagan por asistencia efectiva, y se reajustan automáticamente conforme varíe la remuneración del alcalde.

La principal observación del Poder Ejecutivo es que esta medida podría generar un costo adicional a las municipalidades y un presunto incumplimiento del principio de equilibrio presupuestario al no incluir una evaluación financiera detallada.

En palabras de Zegarra Saboya la estandarización del 30% en la dieta de los regidores es congruente con el marco legal vigente, no vulnera el Decreto Legislativo 1666, y no afecta el equilibrio presupuestario, ya que su financiamiento proviene de los propios recursos municipales.

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Seguidamente, el grupo de trabajó aprobó, también por mayoría (16 votos a favor, cero votos en contra y 4 abstenciones), el dictamen de no aprobación del Proyecto de ley 7422/2023-CR, Ley que modifica la Ley 28976, Ley marco de licencia de funcionamiento respecto de la vigencia del Certificado de inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Ana Zegarra afirmó que dada la ausencia de una cultura de prevención y de cumplimiento de la normativa por parte de la mayoría de los propietarios, administradores o responsables de los negocios, resulta contraproducente ampliar la vigencia del certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones.

INHIBICIÓN

En otro momento, la Comisión aprobó por mayoría dos dictámenes de inhibición “por no tener competencia por especialidad o materia, sin que ello constituya un pronunciamiento sobre la viabilidad o inviabilidad de la propuesta”.

El primero de ellos fue el recaído en el Proyecto de Ley 9467/2024-CR, que crea el régimen especial para el distrito de Chancay; y el segundo recaído en el Proyecto de Ley 8978/2024-CR, Ley que modifica el artículo 2 de la Ley 27747, Ley que regula el otorgamiento de las pensiones de gracia.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL