La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside Daniel Urresti Elera (PP), aprobó, por unanimidad, invitar para la siguiente sesión al ministro del Interior, Rubén Vargas Céspedes, para que brinde un informe sobre la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) en las recientes manifestaciones ocurridas en la capital y el interior del país.

El pedido fue efectuado por el congresista Alfredo Benites Agurto (Frepap), quien planteó la necesidad de que Vargas Céspedes exponga las medidas adoptadas para investigar el presunto abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza por parte de la PNP, así como las detenciones arbitrarias y la participación del grupo Terna.

Es necesario, dijo Benites Agurto, que el ministro del Interior informe “sobre el plan operativo para el control de disturbios que se ejecutó en estas manifestaciones y el cumplimiento del Decreto Legislativo 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la PNP”.

Es por ello, sostuvo, es necesario individualizar responsabilidades por el propio bien de la PNP y su importante función de defensa del orden democrático. Además, el representante señaló que el titular del Interior también deberá informar sobre los hechos sucedidos el 9 de noviembre en un parque de la zona denominada Playa Rímac, donde falleció un ciudadano.

Previamente, el parlamentario Otto Guibovich Arteaga (AP) expresó su respaldo a la PNP y a las Fuerzas Armadas como “instituciones permanentes de la patria, que lucharon para vencer al terrorismo y salvar la democracia, lo que ahora nos permite contar con la libertad de expresión, nos permite tener gobiernos democráticos, y aplicar la Constitución para situaciones de crisis”.

Guibovich pidió a sus colegas que más allá de que todos tenemos derecho a saber lo que ha pasado, la comisión debe ser enfática en respaldar la institucionalidad de la Policía Nacional y de las Fuerzas armas, y el respeto por ellos.

Defensores de la patria

La Comisión de Defensa Nacional invitó al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza Bellido, para que brinde un informe sobre el cumplimiento del pago de los beneficios a los Defensores de la Patria, de conformidad con diversas leyes que dispone ese derecho a los excombatientes en el conflicto con el Ecuador, Campaña Militar de 1941 y también a los héroes del Cenepa.

En representación del ministro estuvo presente el director de Gestión de Pensiones de la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos, Hugo León Manco, quien expuso una línea de tiempo de los dispositivos legales que establecieron dichos beneficios.

El funcionario informó que, de acuerdo con la información registrada en el aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del sector público (AIRHSP) se tienen registrados 4015 defensores de la patria, con un monto de 2250 soles por cada uno de ellos, lo que en términos anuales asciende a 122 millones 859 mil soles.

El titular de la Comisión expuso que había encontrado una incongruencia respecto a la exposición del funcionario con los reclamos de los excombatientes, en la medida que los beneficios que recibirían tendrían que ser alrededor de una unidad impositiva tributaria de acuerdo con ley, pero en función de la Ley 30879, Ley de Presupuesto para el 2019, se suspendió toda indexación para unos beneficios estipulados con la UIT del 2004.

Por tanto, Urresti Elera sostuvo que los excombatientes tienen razón en reclamar y consultó al funcionario sobre el estado en que se encuentran los defensores calificados en enero de 2020. La respuesta del funcionario fue que no habían recibido ningún pedido al respecto.

Urresti Elera sostuvo que el no atender el pedido de los excombatientes es ir contra la propia Constitución, y planteó la necesidad de que el ministro de Economía y Finanzas se presente lo más pronto posible a la comisión para tratar este tema.

Al respecto, el viceministro de Recursos para la Defensa, contralmirante (r) José Boggiano Romano, sostuvo que con la aprobación de la Ley 30879 se creó una serie de obstáculos para poder solucionar los justos reclamos de los excombatientes.

Primero, “la existencia de los excombatientes de los años 1978, 1981 y 1995, que si bien es cierto han sido reconocidos como tales por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con anterioridad al 6 de diciembre de 2018, fecha que pusieron de tope para su inscripción en el AIRHSP, no se encuentran registrados en ese aplicativo informático”.

Segundo, los excombatientes reconocidos por el comando posterior a la fecha señalada, tampoco se encuentran registrados en el aplicativo.

El viceministro expuso que su sector ha realizado coordinaciones con el MEF para solucionar esto. La solución, dijo, pasa por solicitar a la Comisión de Defensa que pueda incluirse en la Ley de Presupuesto para el 2021, que en estos momentos está por aprobarse en el Congreso, el proyecto de Disposición Complementaria Final.

Esa disposición solucionaría los obstáculos expuestos que giran alrededor del registro que deben tener los defensores de la patria en el AIRSHP del MEF. “Sin ese registro no se nos permite realizar el abono que les corresponde por ley”.

Urresti Elera solicitó al viceministro Boggiano Romano que él debe pedir a la ministra de su sector que solucione el tema con una coordinación con el ministro de Economía y la premier, ya que desde el Congreso será muy difícil incorporar la disposición solicitada.

“Nosotros vamos a hacer lo imposible por solucionar este tema”, expresó Urresti, “pero le suplico que usted agote todos sus esfuerzos desde el Ejecutivo”.

Comités de autodefensa

Como tercer punto, la Comisión de Defensa y Orden Interno aprobó por mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 5424/2020-CR y 5679/2020-CR, que proponen la Ley que reconoce a los Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural (CAD), y los incorpora en el Sistema de Seguridad Ciudadana.

La iniciativa tiene por objeto regular el tratamiento legal de los CAD y precisar los alcances de su reconocimiento como organizaciones civiles, pacíficas y democráticas de las comunidades campesinas, nativas y centros poblados rurales del país, organizadas para realizar actividades de apoyo al desarrollo sostenible y la seguridad ciudadana; así como en la participación para el mantenimiento del orden interno y la defensa nacional.

El dictamen contiene 16 artículos, seis disposiciones complementarias transitorias, una disposición complementaria modificatoria, una disposición complementaria derogatoria, y dos disposiciones complementarias finales.

PRENSA-CONGRESO