La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, que preside el congresista José Luna Gálvez (NoA), continuó recibiendo opiniones técnicas en torno al predictamen del Proyecto de Ley 413/2021 que plantea modificar la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, para fortalecer el abastecimiento de los derivados del petróleo en favor de los consumidores.

Para ello fue invitado el presidente del directorio de Petroperú, Humberto Campodónico Sánchez, quien expuso la opinión técnica de su entidad en torno a la modificatoria de cada uno de los artículos a ser modificados.

La norma propuesta busca modificar los artículos 43, 44, 76 y 77 del Texto Único Ordenado de la Ley 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobado por el Decreto Supremo 042-2005-EM. De acuerdo con la propuesta, la distorsión recurrente de los precios de los derivados del petróleo afecta a más del 98% de los hogares del país que utilizan dicho combustible para acciones básicas de cocción de alimentos o de calefacción.

En cuanto al artículo 43 de la propuesta de ley, sugirió definir el término “precios nacionales”; con el fin de evitar un vacío legal, y respecto al artículo 44, afirmó qe “si bien con la norma actual el contratista puede ventear (liberación intencionada de gas), éste sigue siendo de su propiedad, motivo por el cual la norma debería establecer el mecanismo legal correspondiente para no afectar el derecho de propiedad”.

En cuanto al artículo 77 de la proposición legislativa, opinó que “no queda claro como el combustible producido con crudo nacional puede derivarse a satisfacer la demanda nacional, ya que ese combustible puede estar ya comprometido a través de los contratos de productores o comercializadores”.

En el debate que siguió a la intervención de la exposición del titular de PetroPerú participaron los congresistas Jorge Morante Figari (FP), Isabel Cortez Aguirre (CD-JP) e Ilich López Ureña (AP).

El presidente de la comisión dictaminadora informó que luego de la exposición del presidente de la empresa estatal, «el documento volverá a la secretaría técnica para la elaboración de un texto sustitutorio que será sometido al escrutinio de los miembros de la comisión».

De otro lado, manifestó la importancia de tratar la problemática de los servicios usuarios de salud y su incidencia en los usuarios y consumidores, ya que “es preocupante que solo durante la pandemia, SuSalud haya recibido aproximadamente 11 mil 160 denuncias de usuarios”.

Entre los principales reclamos, dijo, está la falta de cobertura de los seguros; los cobros excesivos y abusivos; la falta de acceso al intercambio previsional cuando el paciente fue atendido en un establecimiento distinto a su seguro; pero también el reclamo reiterado por la demora de más de un año en la respuesta a las denuncias de parte de SuSalud.

Luna Gálvez invitó a los invitados a brindar sugerencias para mejorar la atención en salud al ciudadano y la organización de mesas de trabajo para saber “qué podemos cambiar”.

El primer invitado en tomar la palabra fue el presidente de la Asociación de Consumidores HUK-VIDA – en Defensa del Paciente, William Ludeña Mendoza, quien aseguró que el sistema de salud funciona “a través de quejas”, pues hay “cinco denuncias por día”, y el Estado defiende muy poco al paciente; por lo que debe “encontrarse fórmulas para mejorar el derecho a la información de los pacientes”.

Luego, el representante de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú, Hernán Ramos Romero, manifestó que los pacientes en situación de emergencia, no deben ser sometidas a ningún procedimiento burocrático previo a la atención, ya que está establecido en la norma, que establece que luego de la atención los financiadores públicos y privados deben resarcir esas atenciones.

“Lo que ha sucedido en la práctica es que esa norma no se cumple”, expresó. El primer elemento, dijo, es garantizar el financiamiento, mejorar la infraestructura, y una regulación más inteligente, que se base en el paciente, en incrementar la oferta y la formalidad del sector.

Por su parte, el superintendente nacional de Salud –SuSalud, Juan Carlos Velasco Guerrero, afirmó que su entidad no es un organismo regulador. “Solo superviso y fiscalizo, pero no regulo”, se pronunció.

El objetivo no es sancionar sino solucionar los problemas. Y advirtió que hay un problema grave: el desabastecimiento de productos oncológicos, por lo que han generado 99 alertas. En cuanto a estadísticas informó que ha efectuado 328 amonestaciones (tanto a prestadoras privadas como públicas); 260 multas y un solo cierre definitivo.

Hacia el final, la directora general de Medicamentos, Insumos y Drogas –DIGEMID, Carmen Ponce Fernández, brindó información de los servicios que brinda su institución.

Intervinieron los congresistas Alfredo Pariona Sinche (PL), Ana Obando Morgan (FP), Isabel Cortez Aguirre (CD-JP) y Luis Cordero Jon Tay (FP).

OFICINA DE COMUNICACIONES