En sesión extraordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, presidida por la congresista Katy Ugarte Mamani (JP-VP-BM), los parlamentarios de dicho grupo de trabajo expresaron su profunda preocupación por los confusos y controversiales reajustes tarifarios del servicio de agua potable para Lima y Callao.

La titular de la comisión sostuvo que no resulta razonable promover incrementos tarifarios cuando persisten serias deficiencias en la cobertura del servicio, especialmente en las zonas periféricas de Lima.

Añadió que este reajuste representa una carga directa en el presupuesto de millones de hogares, golpeando con mayor fuerza a los sectores de menores ingresos, y cuestionó la lógica de exigir aumentos mientras se reportan beneficios laborales por encima del promedio dentro de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL).

Los congresistas Wilson Soto (AP), Rosangella Barbarán (FP), Miguel Ángel Ciccia (RP) y Carlos Zeballos (BDP), calificaron como una falta de respeto al control político y a la institucionalidad del Congreso la inasistencia del presidente del directorio de SEDAPAL, Hugo Obando Concha, pese a haber sido formalmente invitado.

Expresaron su indignación al señalar que el funcionario sí habría acudido a espacios televisivos de investigación periodística, mientras delegó su representación ante la comisión.

En ese sentido, exigieron su presencia para que rinda cuentas directamente ante la representación nacional.

El congresista Wilson Soto Palacios añadió que el acceso al agua constituye un derecho humano fundamental y no puede estar condicionado por decisiones administrativas poco claras.

Asimismo, criticó que persistan deficiencias en la continuidad del servicio, la cobertura y la atención al usuario, lo que indicó vuelve injustificado cualquier incremento sin mejoras tangibles.

Por su parte, la congresista Rosangella Barbarán cuestionó los elevados gastos corrientes de la empresa frente a la realidad de miles de usuarios que aún no cuentan con un servicio continuo y de calidad.

En la misma línea, el congresista Miguel Ángel Ciccia planteó interrogantes sobre la ausencia de mecanismos de fraccionamiento del reajuste y la necesidad de aplicar incrementos diferenciados que consideren la capacidad de pago de los usuarios.

A su turno, el congresista Carlos Zeballos cuestionó la designación del titular de SEDAPAL, anunciando que, en su calidad de vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, propondrá su citación a dicho grupo de trabajo para que brinde explicaciones formales.

INVITADOS

En la reunión participaron el viceministro de Construcción y Saneamiento, Manolo Rojas Alvarado, el superintendente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), Mauro Orlando Gutiérrez Martínez, el gerente general de SEDAPAL, Humberto Reyes Rocha y representantes del Comité de Agua de la Sociedad Nacional de Industrias, la Defensoría del Pueblo y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Durante la sesión los representantes del Ejecutivo y del ente regulador explicaron que el reajuste tarifario aprobado a finales de 2025 ya se encuentra vigente y responde a modificaciones normativas introducidas por el Decreto Legislativo 1620, que obligaron a reabrir los estudios tarifarios.

Precisaron que el incremento responde principalmente a la variación en la tasa de rentabilidad de las Empresas Prestadoras de Servicios, que pasó de 4.22% a 5.78%, lo que implicaría mayores ingresos anuales para la empresa.

En otro momento, SEDAPAL presentó su plan de inversiones para los próximos años, el cual sería financiado con los recursos obtenidos del reajuste tarifario.

Entre los proyectos prioritarios destacó la construcción de la Planta 3 de tratamiento de agua potable y la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Ventanilla, que en conjunto representan una inversión cercana a los mil millones de soles.

Según precisaron, estas iniciativas buscan asegurar la sostenibilidad del servicio, fortalecer la infraestructura existente y ampliar la capacidad operativa frente al crecimiento demográfico de la capital.

Finalmente, la Comisión de Defensa del Consumidor ratificó su firme oposición al incremento tarifario en las condiciones actuales y remarcó la necesidad de una fiscalización exhaustiva, transparencia en el uso de los recursos y una gestión eficiente orientada a cerrar la brecha de agua y saneamiento en beneficio directo de los usuarios.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL