Con algunas modificaciones, la Comisión de Defensa, Orden interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas, que preside la congresista Patricia Chirinos (Avanza País), aprobó en forma unánime el informe a favor de la delegación de facultades para legislar, solicitada por el Poder Ejecutivo.

El grupo de trabajo acordó no recomendar sobre varios aspectos, entre ellos los referidos a las fuerzas policiales, los bomberos, y el uso de armas de fuego.

En efecto, quedaron exceptuados temas, como la modificación de la Ley Nº 27933, que tiene por objeto proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizar la seguridad, paz, tranquilidad, el cumplimiento y respeto de las garantías individuales y sociales a nivel nacional.

La limitación de pasajeros en motos lineales, los insumos químicos no fiscalizados, la modificación de los Decretos Legislativos N° 1318 y 1149 sobre formación de la policía, la carrera y situación personal policial respectivamente.

También la modificación de la Ley N° 30714 del régimen disciplinario de la policía; del DL N° 1219 sobre la función criminalística, la evaluación de la idoneidad del personal policial; la modificación de la Ley 30299, sobre armas de fuego.

No se pronunció, por no ser de su competencia, la prevención de la violencia y el delito; los recursos del canon y sobrecanon; así como la habilitación de recursos y gastos de inversión; los terminales móviles; la intermediación del servicio de taxis; entre otros.

De igual manera, el crimen organizado y tráfico ilícito de drogas; y control de insumos químicos; y entre otros el deshacinamiento de penales y materia migratoria.

Tras escuchar a los miembros de la comisión, también descartó abordar el tema referido a la intendencia de bomberos.

El grupo de trabajo recomendó la delegación de facultades en lo que se refiere a los convenios de administración de recursos y adendas con organismos internacionales; funciones frente a la prevención y atención de incendios; los insumos químicos fiscalizados y el fortalecimiento del sistema nacional de gestión de riesgos y desastres.

De otro lado, aprobó, por mayoría, el proyecto de Resolución Legislativa 5907/2023-PE, que propone- con un texto sustitutorio- la Resolución Legislativa que aprueba el ingreso de unidades navales y del personal militar extranjero con armas de guerra a nuestro territorio.

En otro momento fue aprobado el pedido de la congresista Tania Ramírez García (FP), para que se convoque al expresidente Francisco Sagasti y al exministro de Justicia, Eduardo Vega Luna, para que expongan sobre las acciones de defensa que realizó el Estado, en su momento, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, frente a la demanda que hizo Víctor Polay Campos.

De igual manera el pedido del congresista Diego Bazán Calderón (Avanza país), para que se cite al alcalde de San Juan de Lurigancho y a otras autoridades, a fin de que informen sobre la situación de inseguridad que hay en ese distrito, donde han ocurrido dos atentados con granadas.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL