Los miembros de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, que preside Héctor Acuña Peralta (ID), aprobó la Resolución Legislativa 2565/2021-PE, que concede pensión de gracia a don Donato Enríquez Gutiérrez, por su destacada labor como maestro ceramista y artista popular. Obtuvo diez votos a favor, un voto en contra y una abstención.

El proyecto ingresó el 11 de julio del 2022, por iniciativa del Poder ejecutivo, y le concede dos remuneraciones mínimas vitales, la cual es intransferible, y no genera derecho a pensión de sobrevivientes

Donato Enríquez Gutiérrez es maestro ceramista y artista popular, portador del arte tradicional, cuyo trabajo ha logrado mantener la identidad cultural y la memoria histórica del pueblo de Quinua, en la región Ayacucho, y ha sido reconocido como Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de la Cultura.

La propuesta recibió el voto negativo del congresista Alejandro Cavero Alva (AvP), quien dijo que no le quedaba claro el criterio del Ejecutivo para hacer una propuesta para un artista que aún está vigente, y preguntó cómo se hace ese cálculo de la pensión, si se considera que los pensionistas del Estado ganan mucho menos.

Acuña Peralta le respondió con el artículo tercero de la Ley 27747, Ley que regula el otorgamiento de las pensiones de gracias, de mayo del 2002, que precisa que dicha pensión no podrá ser, en ningún caso, menor de dos remuneraciones mínimas vitales, ni mayores de ocho remuneraciones mínimas vitales.

Participaron en el debate los congresistas Juan Burgos Oliveros (PP) y Susel Paredes Piqué (ID).

Asimismo, los miembros de este grupo legislativo decidieron organizar para los 14 y 15 de octubre próximo, la primera audiencia descentralizada de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural en la región Amazonas.

CENTROS HISTÓRICOS
La inmediata organización de una serie de mesas de trabajo que viabilice una iniciativa legislativa que ordene de manera integral los Centros Históricos del país, fue la conclusión a la que arribaron los miembros de la Comisión de Cultura, luego de escuchar las exposiciones de diversos directivos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

De acuerdo con la agenda de la sesión, debió presentarse el titular del sector, César Paniagua Chacón, para exponer sobre la aplicación de la Resolución Ministerial 101-2021-VIVIENDA en proyectos declarados en estado de tugurio en Centros Históricos, con el Bono Familiar Habitacional, dentro del marco del Programa Techo Propio; y la situación del Proyecto Piloto El Salitral, en el distrito del Rímac.

Sin embargo, el ministro no pudo hacerse presente y el presidente de la Comisión, Héctor Acuña Peralta (ID), aceptó la participación de los mencionados directivos.

El titular de la Dirección de Gestión y Coordinación en Vivienda y Urbanismo de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo, Carlos Amaya Alvarado, expuso que con la Ley 29415, Ley de saneamiento físico legal de predios tugurizados con fines de renovación urbana, no se ha avanzado nada, y explicó por qué.

La ley, expuso, exige que para poder pasar a la etapa de saneamiento físico se tiene que contar con el saneamiento legal de los predios, y allí está el problema, pues implica que la propiedad tiene que estar en manos de los poseedores. Por tanto, a ellos no han llegado predios que hayan cumplido con estos requisitos: saneados física y legalmente.

Sobre el Proyecto Piloto El Salitral, en el Rímac, el arquitecto César Roncagliolo dijo se inició mediante un convenio entre el PNUD y la Municipalidad del Rímac en el 2013, y se encuentra en el proceso de saneamiento legal. ¿Por qué después de tanto tiempo?

El proyecto propone un edificio de cinco pisos, con 63 departamentos. Hay 32 familias (252 beneficiarios). Algunas familias aceptan el proyecto y otras no. También hay invasores. La idea es que haya una mayor oferta de departamentos para que el proyecto sea rentable y se logre el interés de los inversionistas privados.

La ley, expresó el profesional de Vivienda, no contempla esta posibilidad. Esa es la realidad, continuó, la gente que vive allí no tiene condiciones para comprar un predio. El medio es hacer participar a la empresa privada y proponer el papel del Estado en la promoción y la posibilidad de incorporar recursos para que estos proyectos se lleven a cabo.

Tanto los directivos de Vivienda como los congresistas que intervinieron, como es el caso del congresista Alejandro Cavero Alva (AvP) y Susel Paredes Piqué (ID), concluyeron en que el principal problema está en la ley.

De allí que el parlamentario Héctor Acuña Peralta dijo que esta es “una ley muerta, así como está, no va a funcionar. Una cosa es el Centro Histórico y otra cosa es un programa habitacional lejos de esos Centros Históricos. Son conceptos distintos. Para mí la idea es que este sea el inicio de un trabajo” para concretar una iniciativa legislativa.

Cavero Alva precisó que ese proyecto de ley debe ser integral para el tratamiento de los centros históricos, con mesas de trabajo, en donde participen técnicos de los ministerios de Cultura y Vivienda, “no solo ver fachadas y ornato, sino también la calidad de vida de las familias que habitan esos predios”.

SUSTENTACIÓN
El congresista Juan Burgos Oliveros (PP) sustentó el Proyecto de Ley 2877-2022, que propone disponer la homologación automática de la remuneración de los integrantes legales de los Elencos Nacionales, y sus similares en el resto del país; así como el pago de los devengados y sus intereses legales, sin exigir sentencia judicial, ni calidad de cosa juzgada, en aplicación de lo dispuesto por Decreto Supremo 001-81-ED, Decreto Supremo 162-85-EF, Decreto Supremo 285-86-EF, Decreto Legislativo 556, en concordancia con el Decreto Supremo 040-86-EF.

OFICINA DE COMUNICACIONES.