Con el propósito de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar la eficacia de las investigaciones penales frente al incremento de delitos graves como el sicariato y la extorsión, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso aprobó por mayoría (20 votos a favor y 2 abstenciones) el dictamen que modifica los numerales 5 y 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

La propuesta de reforma constitucional incorpora los delitos de sicariato y extorsión dentro de los supuestos excepcionales que permiten ampliar el plazo máximo de detención policial hasta por 15 días calendario, medida que actualmente solo se aplica a casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales.

El presidente de la comisión, Arturo Alegría García (FP) sostuvo que el plazo ordinario de 48 horas resulta insuficiente para investigar estructuras delictivas complejas que operan con sofisticación tecnológica, jerarquías violentas, comunicación encriptada y redes financieras transnacionales.

“Esta ampliación armoniza la libertad individual con la protección de la seguridad colectiva”, afirmó, señalando además que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público y especialistas internacionales.

El dictamen, recaído en los proyectos de ley 7777/2023-PJ, 9354/2024-CR, 12338/2025-CR, 12440/2025-CR, 12894/2024-CR, 12985/2025-CR y 5816/2023-CR, también añade la reserva bursátil (secreto del mercado de valores) a los supuestos que pueden ser levantados a solicitud del juez, la Fiscalía de la Nación, una comisión investigadora del Congreso, la Contraloría General o la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Esta medida explicó que es idónea y necesaria para reforzar la lucha contra el lavado de activos, la corrupción y la financiación del crimen organizado, delitos frecuentemente vinculados a la extorsión.

“Elevar este mecanismo a rango constitucional otorga una base sólida y establece un control judicial para su levantamiento, reforzando el combate a la criminalidad”, indicó Alegría García.

Asimismo, durante el debate se destacó que la reserva bursátil guarda relación con la reserva tributaria y el secreto bancario, justificando un tratamiento unitario para rastrear el origen y destino del dinero ilícito.

Los congresistas Gladys Echaíz Ramos (HyD), Alejandro Muñante (RP), Wilson Soto (AP) y Ernesto Bustamante (FP) resaltaron que esta iniciativa representa una respuesta razonable, proporcional y constitucional ante la magnitud de la criminalidad que pone en riesgo la seguridad, la economía y la vida de los peruanos.

CONTROL DE DL

En otro momento, los miembros de la comisión aprobaron en bloque, con 16 votos a favor y 1 abstención, los informes de control de legalidad de diversos decretos legislativos que modifican diversas normas sectoriales con el objetivo de fortalecer la gestión pública y promover la inversión y el desarrollo en distintos ámbitos del país.

Entre ellos, destacan:
-El Decreto Legislativo 1641, que modifica la Ley de la Marina de Guerra del Perú.

-El Decreto Legislativo 1652, que actualiza la Ley General de Electrificación Rural para acelerar la ejecución de proyectos de electrificación en zonas alejadas.

-El Decreto Legislativo 1653, que optimiza la gestión del programa “Agua+”, destinado a la rehabilitación, reposición y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural.

-El Decreto Legislativo 1656, que crea la plataforma tecnológica “Sistema Integrado de Gestión Migratoria y Evaluación de Riesgo Migratorio (SIGMER)” del Ministerio de Relaciones Exteriores.

-El Decreto Legislativo 1681, que modifica la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte.

SUSTENTACIÓN

Finalmente, se escuchó la sustentación del congresista Guido Bellido Ugarte (PP) sobre el Proyecto de Ley 10454/2024-CR, Ley que garantiza el registro integral de antecedentes policiales, penales y judiciales a cargo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en los procesos electorales.

La propuesta busca optimizar el proceso electoral y el uso de los recursos públicos, eliminando la obligación de que los candidatos presenten declaraciones juradas sobre sus antecedentes judiciales. En su lugar, se propone permitir el acceso directo y automatizado entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Poder Judicial (PJ), evitando duplicaciones y garantizando información veraz y actualizada en una plataforma pública administrada por el JNE.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL