La Ley 30309, que desde seis años busca promover la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica mediante el beneficio tributario aplicable a los gastos en proyectos de investigación científica, solamente ha beneficiado una docena de grandes empresas, muchas de ellas domiciliadas en Lima, sostuvo José Torres Ocampo, representante de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

Esta información se conoció durante la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, que preside el legislador Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), que acordó pedir a la Sunat que informe sobre el impacto fiscal por la aplicación de los beneficios tributarios otorgados a las empresas que se acogieron a la Ley 30309, desde el 2015 a la fecha.

Debido a la reserva tributaria no se puede informar en particular, pero el funcionario de la entidad estatal dio cuenta que, entre las empresas beneficiadas con fondos para investigación científica, mencionó la Universidad Tecnológica del Perú, Repsol Comercial, Banco de Crédito y la compañía minera Poderosa.

“Son cuatro las actividades que concentran el 87 % del beneficio: comercio, alimentos, tabaco, productos químicos e intermediación financiera”, afirmó Torres Ocampo ante el grupo de trabajo.

De otro lado, el legislador Édgar Reymundo Mercado (JP) sustentó el proyecto de su autoría N.° 577/2021-CR, que propone declarar de necesidad pública la creación e implementación del Parque Científico-Tecnológico Intercultural de la Selva Central, que comprendería las provincias de Chanchamayo, Satipo, Oxapampa y las zonas limítrofes de Ayacucho y Junín.

OFICINA DE COMUNICACIONES