La Comisión de Relaciones Exteriores convocará a los ministros del Ambiente y de Relaciones Exteriores, Kirla Echegaray Alfaro y Mario López Chavarri, respectivamente, y a otras personalidades, para analizar el Acuerdo de Escazú a fin de emitir un voto bien informado.

En efecto, también se convocará al Defensor del Pueblo, a representantes de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), al abogado Francisco Antonio Gregorio Tudela Van Breugel-Douglas, y al especialista Miguel Ángel Rodríguez Mackay, entre otros.

El titular de la comisión, Gilmer Trujillo Zegarra (FP), acogió los pedidos de integrantes de ese grupo de trabajo legislativo, Orestes Sánchez Pompeyo (PP), Absalón Montoya Montoya (FA), Richard Rubio Gariza (FREPAP), y otros.

El Acuerdo de Escazú fue firmado en el 2018 y está referido al Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El grupo de trabajo legislativo recibió la opinión de numerosas organizaciones que señalaron que dicho acuerdo no respeta la soberanía estatal, la legislación interna y no toma en cuenta la consulta previa de los sectores afectados.

En otro momento de la sesión, la comisión aprobó, en forma unánime, solicitar a la Mesa Directiva la realización de un Pleno temático para poner en debate los dictámenes aprobados.

VARADOS Y CAMINANTES

El gobernador regional de Amazonas, Oscar Altamirano Quispe, se presentó ante la comisión en forma virtual para dar a conocer la crítica situación de salud que vive la población en ese departamento y señaló que el foco de infección fue el retorno de quienes quedaron varados en Lima y otros lugares.

Dijo que de 36 mil 87 pruebas que se han tomado, seis mil 976 resultaron positivos, que la prevalencia de infección es de 19.3 %, que el porcentaje de mortalidad es de 2,3 % y que los fallecidos hasta el momento son 160 personas, la mayoría de la provincia, seguida de Bagua, Utcubamba y Condorcanqui. Ésta última, sin embargo, lidera el número de infectados y se prevé que aumentará el nivel de letalidad.

Señaló que la proyección de la tasa de letalidad va en aumento por ser una zona de población vulnerable, por lo que se requiere de apoyo del Estado.

Preguntado por el congresista Trujillo Zegarra, de cuál sería la causa para el aumento inusitado de los infectados, Altamirano Quispe respondió que el regreso de los que estuvieron varados inició el proceso de infestación.

 “Antes de esa coyuntura no tuvimos ningún enfermo. Todo empezó con el traslado de los varados y los caminantes. Allí tenemos hoy los resultados, con mayor problema en Condorcanqui, donde el aumento ha sido vertiginoso”, expresó.

Informó haber recibido recursos económicos, vía decretos supremos, y que en estos momentos están haciendo una convocatoria de recursos humanos, porque numerosos servidores de salud se han contagiado y cuatro médicos fallecieron, por lo que otro grupo ha renunciado.

Señaló que están desarrollando un plan de contingencia con la implementación de módulos de atención.

Ante una pregunta, dijo que el gobierno regional ha recibido seis millones de soles, de lo cual se han ejecutado el 30 por ciento, que es manejado por la Dirección Regional de Salud. Para gastos de personal y proyectos de inversión el gobierno regional recibe un millón 800 mil soles.

Montoya Montoya se manifestó preocupado por las acciones que realizará esa instancia por las comunidades de frontera.

El legislador Rubio Gariza preguntó por la baja ejecución presupuestal, a lo que Altamirano respondió que en lo que se refiere a inversión tienen una proyección de aumento.

Por su lado, la congresista Mónica Saavedra Ocharán (AP) llamó la atención la diferencia entre el reporte de salud del gobierno regional y el MINSA, a lo que el invitado indicó que sus datos son oficiales; y que probablemente la razón son problemas del internet.

A la sesión también fue invitado el gobernador regional de Puno, Agustín Luque Chayña, para conocer la situación en esa parte del país, pero dijo no poder participar porque debido al aumento de casos COVID-19 se habían suspendido las actividades.

En vista de tratarse de una segunda oportunidad los legisladores criticaron lo que consideraron una falta de voluntad y acordaron pedir información a la Contraloría de cómo se está manejando la situación en Puno.

Finalmente, el grupo de trabajo decidió archivar tres iniciativas legislativas que no requieren de legislación.

Lima, 20 de julio de 2020

PRENSA-CONGRESO